A horas de concluir el Segundo Periodo de Sesiones de la LXVI Legislatura, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ofreció un balance que combina productividad legislativa con temas que seguirán bajo presión pública. En entrevista, destacó que el Senado aprobó seis reformas constitucionales y alrededor de 66 reformas legales, un volumen que calificó como muestra de la “intensidad” del periodo. Sin embargo, el cierre también deja interrogantes sobre la profundidad y el impacto real de lo aprobado.
Castillo Juárez subrayó como logro central la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidios, un tema que llegó al Pleno en medio de exigencias sociales por respuestas más contundentes frente a la violencia contra las mujeres. La senadora también destacó los trabajos orientados a fortalecer la seguridad y la aprobación de la Ley contra la extorsión, a la que definió como una respuesta necesaria ante un fenómeno que afecta a amplios sectores del país.
El discurso oficial apunta a un periodo “muy intenso”, pero el contexto legislativo revela que la intensidad no siempre se traduce en claridad. Varias de las reformas aprobadas requieren armonización, reglamentación o seguimiento institucional que aún no se ha delineado. La presidenta del Senado anunció que este miércoles se presentará el informe completo de productividad, un documento que deberá detallar no solo lo aprobado, sino también lo que quedó pendiente.
El cierre del periodo llega en un momento en que el Senado enfrenta presiones crecientes: debates sobre seguridad nacional, tensiones entre órdenes de gobierno, reformas estructurales aún en discusión y un clima político que exige mayor transparencia en la toma de decisiones. La productividad numérica, aunque relevante, no disipa las dudas sobre la capacidad del Legislativo para responder con oportunidad y profundidad a los desafíos del país.
Castillo Juárez insistió en que el Senado “ha avanzado y ha determinado” asuntos de enorme importancia. El balance final, sin embargo, dependerá de la implementación, la vigilancia legislativa y la capacidad de convertir las reformas aprobadas en resultados tangibles para la ciudadanía.