La discusión sobre las solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos volvió al centro del debate legislativo cuando Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, delineó con precisión los límites institucionales que, afirmó, deben regir toda colaboración entre Estados. Su postura se difundió a través de un mensaje público en el que subrayó que ningún procedimiento puede avanzar sin cumplir estrictamente con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.
El pronunciamiento surgió tras la difusión de solicitudes de aprehensión y extradición emitidas por el Departamento de Justicia estadounidense. Desde el Senado, Mier Velazco sostuvo que el Estado mexicano no puede actuar a partir de señalamientos públicos ni de información divulgada sin sustento jurídico. Recalcó que “la colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales”, una frase que marcó el tono del posicionamiento y que buscó dejar claro que la cooperación internacional exige formalidad, legalidad y respeto mutuo.
En su mensaje, el legislador recordó que cualquier petición de extradición debe apegarse al marco constitucional, a las leyes aplicables y al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Insistió en que solo las solicitudes debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes pueden ser atendidas por las autoridades mexicanas. El énfasis, dijo, está en garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, incluidas aquellas relacionadas con la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política también retomó la postura de la Fiscalía General de la República, que ha señalado que la cooperación con otros países debe realizarse únicamente a partir de solicitudes formales y legalmente sustentadas. Mier Velazco reforzó esta línea al afirmar que México mantiene su disposición para colaborar con Estados Unidos y con la comunidad internacional, pero siempre dentro del marco jurídico nacional.
El cierre de su mensaje apuntó directamente a la defensa de la soberanía. “Fuera de estos cauces, cualquier actuación carece de validez jurídica y es contraria al Estado de derecho. En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta”, asentó. Con ello, el Senado envió una señal clara sobre los parámetros que, desde su perspectiva, deben guiar la relación bilateral en materia de justicia y cooperación internacional.