El Senado de la República abrió un espacio de revisión crítica sobre el futuro del agro mexicano durante el Foro Legislativo de Sustentabilidad y Agenda 2030: Oportunidades para el Agro Mexicano, encabezado por la senadora Amalia García Medina, presidenta de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. Legisladores, especialistas y representantes del sector productivo evaluaron los avances, rezagos y desafíos que enfrenta el campo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El encuentro incluyó la presentación del Segundo Reporte Voluntario de Avances, Retos y Oportunidades 2030 del Consejo Nacional Agropecuario, documento que expone el estado actual del sector agroalimentario y su alineación con la Agenda 2030. García Medina subrayó la urgencia de fortalecer el respaldo a los productores para garantizar su capacidad de respuesta ante los retos climáticos, económicos y sociales.
La legisladora destacó avances legislativos recientes, como el dictamen aprobado en el Senado que faculta a las autoridades a expedir certificaciones laborales para el trabajo en el campo y mecanismos para proteger ecosistemas forestales. Sin embargo, advirtió que el cuidado del agua es uno de los desafíos más apremiantes. Recordó que cerca del 50 por ciento del territorio nacional enfrenta condiciones de sequía, afectando regiones productivas como Chihuahua y Tamaulipas.
Mencionó casos críticos como Zacatecas, donde la sequía severa impidió cultivar hasta 80 por ciento del frijol, y las afectaciones al maíz, con pérdidas de hasta 76 por ciento de la superficie destinada a su producción. “Estamos hablando de un campo que resiste pero que exige condiciones específicas para sostener la obligación de garantizar alimentación”, afirmó.
La senadora Mely Romero Celis, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que los temas abordados en el foro se vinculan directamente con los ejes de desarrollo social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico. Llamó a reflexionar no solo sobre el avance de los ODS, sino también sobre las metas de los propios productores, quienes requieren acompañamiento gubernamental para sostener su actividad.
Por su parte, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, expuso que más del 83 por ciento de las personas trabajadoras agrícolas se encuentran en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a seguridad social ni derechos laborales básicos. Recordó que se trata de 2.7 millones de personas que sostienen un sector que representa más del nueve por ciento del PIB nacional. Subrayó que el foro responde a la necesidad de articular esfuerzos entre Estado, academia y sociedad civil para avanzar hacia una producción sostenible y justa.
El director general del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, Héctor Ochoa Moreno, destacó que el reporte voluntario refleja un avance del 67.5 por ciento en la implementación de los ODS en la industria alimentaria, impulsado por prácticas como la agricultura regenerativa y acciones en favor de la equidad de género. No obstante, advirtió que el cambio climático y la inseguridad siguen afectando directamente la producción y la vida en las comunidades rurales.
Finalmente, Patricia Toledo Reyes, vicepresidenta de Sustentabilidad Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario, señaló que el campo mexicano enfrenta un punto de inflexión marcado por presiones climáticas, geopolíticas y ambientales. Consideró que la coordinación entre sectores permitirá avanzar hacia una producción más sostenible y resiliente, cuidando los recursos naturales y fortaleciendo el bienestar de las comunidades rurales.
El foro dejó claro que el cumplimiento de la Agenda 2030 en el sector agroalimentario requiere decisiones legislativas, políticas públicas integrales y una articulación efectiva entre todos los actores involucrados.