La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el emplazamiento a juicio mercantil realizado en territorio de Estados Unidos a través de una empresa de mensajería privada es constitucional, al no contravenir lo dispuesto en la Convención de La Haya sobre notificación de documentos judiciales en el extranjero.
El caso se originó cuando un ciudadano mexicano demandó a otra persona con domicilio en California, EE.UU., en un juicio mercantil ejecutivo en México. El juez que conoció del proceso ordenó el emplazamiento mediante carta rogatoria, sin especificar un método de notificación. La entrega del documento se llevó a cabo a través de una empresa privada de mensajería, lo que permitió continuar el juicio hasta la sentencia condenatoria contra la parte demandada.
Inconforme con la resolución, el demandado promovió un juicio de amparo, argumentando que la notificación era ilegal por haberse realizado mediante una empresa no autorizada. No obstante, el Juzgado de Distrito negó el amparo, decisión que posteriormente fue revisada por la Primera Sala de la SCJN.
La postura de la SCJN
Al analizar el caso, la Primera Sala concluyó que la notificación fue válida, ya que la Convención de La Haya permite el uso de otros métodos de entrega, como el correo o empresas privadas, siempre que la legislación del país donde se efectúe la notificación lo permita. En este caso, Estados Unidos, como Estado requerido, no objetó esta modalidad.
Asimismo, la SCJN señaló que la carta rogatoria enviada por mensajería privada no requiere legalización o visado, ya que no se trata de un documento público sujeto a estos requisitos. Además, destacó que la designación de la empresa ABC Legal Services por parte de EE.UU. como ejecutora de notificaciones no implica que el uso de otros servicios invalide la notificación realizada.
Finalmente, la Corte determinó que no se vulneró el derecho de defensa del demandado, ya que la notificación cumplió con los requisitos establecidos en la legislación del Estado de California, donde se llevó a cabo.
Con esta resolución, la SCJN sienta un precedente importante sobre la validez de los emplazamientos en juicios mercantiles cuando los demandados residen en el extranjero, facilitando los procesos judiciales sin comprometer la seguridad jurídica de las partes.