Desde la tribuna del Senado, Rosa Pérez Pérez, artesana tsotsil y representante de la comunidad de Tres Cruces, San Juan Chamula, llamó a las y los legisladores a escuchar de manera real y directa las voces de los pueblos originarios y a defender el trabajo artesanal que sostienen sus comunidades. Su intervención colocó en el centro del debate legislativo la urgencia de frenar las imitaciones ilegales que despojan a las artesanas de reconocimiento, identidad y sustento económico.
Pérez advirtió que las creaciones indígenas siguen siendo copiadas sin autorización y comercializadas sin reconocer su origen, lo que profundiza las dificultades que enfrentan para obtener un pago justo. Señaló que detrás de cada pieza no hay solo un objeto “bonito” o vendible, sino conocimiento heredado, historia comunitaria y un trabajo que rara vez recibe su valor real. Recordó que su labor como artesana del ámbar, oficio que ha ejercido por más de una década, es también una forma de afirmar presencia: “decimos que estamos presentes, que seguimos trabajando, organizándonos y defendiendo lo que es nuestro”.
La artesana subrayó que cada pieza elaborada en Los Altos de Chiapas nace de una cadena de transmisión cultural que pasa por madres y abuelas. El ámbar, dijo, “es una resina que guarda el tiempo de nuestra tierra”, y por ello no es solo una joya, sino identidad. Su mensaje insistió en que el trabajo artesanal es el sustento de muchas familias y una de las principales formas de economía comunitaria.
Pérez sostuvo que las creaciones, los procesos y las formas de organización de los pueblos originarios son también derechos que deben ser reconocidos y protegidos. Como integrante de una red de mujeres que se organizan para apoyarse y ahorrar, afirmó que en sus comunidades “nadie camina sola”, y que esa fuerza colectiva debe reflejarse en políticas públicas que garanticen respeto, protección y reconocimiento pleno.
Su intervención abrió un espacio legislativo para visibilizar la dimensión cultural, económica y política del trabajo artesanal indígena, y colocó sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia un marco jurídico que proteja la propiedad colectiva, sancione la apropiación indebida y reconozca a las artesanas como sujetas de derechos y portadoras de patrimonio vivo.