En un momento marcado por la exigencia de resultados en materia de seguridad, el Poder Legislativo colocó el tema en el centro del debate con un llamado directo a la coordinación institucional y a la construcción de una agenda común. Desde el Senado, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, planteó que el problema no puede abordarse de manera aislada ni fragmentada, sino a partir de la articulación entre los tres órdenes de gobierno y los poderes legislativos, tanto federales como locales.
Durante la inauguración de la “Mesa de Diálogo en materia de Seguridad Pública: Encuentro con presidentas y presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública de los Congresos Locales”, la legisladora sostuvo que el país enfrenta un escenario que obliga a dejar de lado diferencias políticas para priorizar la seguridad y el bienestar de la población. En su intervención, delineó una visión integral del problema: la seguridad, dijo, no se limita a la reacción frente a la violencia, sino que involucra justicia, prevención, fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.
Bajo esa lógica, advirtió que atender las causas estructurales es indispensable para generar oportunidades y garantizar que las instituciones actúen con eficacia, transparencia y respeto a los derechos humanos. En ese mismo tono, lanzó un señalamiento directo hacia las entidades y municipios al advertir que la corrupción debe ser enfrentada como parte central de cualquier estrategia.
El encuentro legislativo tuvo como eje la construcción de mecanismos de coordinación entre el Congreso de la Unión y los congresos locales, con el objetivo de armonizar el marco jurídico y compartir diagnósticos y experiencias que permitan mejorar la efectividad de las políticas públicas en seguridad. La apuesta, según se expuso, es que las soluciones más efectivas surjan desde lo local, a partir del conocimiento directo de las problemáticas y la cercanía con la ciudadanía.
En la misma mesa, la presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, Juanita Guerra Mena, subrayó la necesidad de incorporar inteligencia, tecnología e innovación como ejes operativos, acompañados de estándares de ética y profesionalismo. Planteó que el fortalecimiento institucional pasa por dotar a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia de herramientas jurídicas que les permitan actuar con eficacia.
Desde la oposición, el senador Agustín Dorantes Lámbarri fijó una postura centrada en las condiciones de los cuerpos de seguridad. Propuso elevar ingresos, garantizar equipamiento adecuado, fortalecer los controles de confianza y profesionalizar a los elementos. A ello sumó un planteamiento de carácter político: impedir que personas con vínculos con el crimen organizado accedan a cargos de elección o a posiciones de mando. “Mientras existan estos vínculos, no se podrá recuperar la paz”, advirtió.
En representación de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden Quiroz, expuso los ejes de la estrategia federal: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación entre el gabinete de seguridad y las entidades federativas.
Desde el ámbito local, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guanajuato, José Erandi Bermúdez Méndez, trasladó la presión ciudadana al debate legislativo. Señaló que la exigencia social no distingue niveles de gobierno y obliga a una respuesta conjunta entre federación, estados y municipios. En ese sentido, coincidió en la necesidad de que quienes encabecen las tareas de seguridad cuenten con formación especializada y trayectoria profesional en la materia.
La mesa de diálogo dejó una línea clara: la seguridad se ha convertido en un punto de convergencia política donde el reto no es solo legislar, sino coordinar, depurar y profesionalizar. En el discurso, la unidad aparece como condición; en la práctica, el desafío será traducir ese consenso en resultados medibles.