El Senado de la República aprobó por unanimidad —109 votos a favor— la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su proceso constitucional.
La reforma, impulsada desde una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca establecer un marco jurídico homogéneo que permita definir un tipo penal único, sanciones, agravantes y estándares de investigación con perspectiva de género en todo el país. Actualmente, el feminicidio se encuentra tipificado de manera distinta en los códigos penales estatales, lo que genera disparidades en la investigación y persecución del delito.
El dictamen señala que la futura ley general deberá fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas, garantizar el acceso efectivo a la justicia, asegurar la reparación integral del daño y establecer mecanismos de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Esta población, se advierte, enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que requieren atención integral del Estado.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, calificó la reforma como una decisión de trascendencia histórica, al recordar que el feminicidio representa una deuda acumulada con miles de familias. Subrayó que el 90 por ciento de los casos son cometidos por parejas, exparejas o personas cercanas a las víctimas, lo que evidencia la urgencia de una respuesta institucional articulada.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que el diseño actual del combate al feminicidio impide una actuación uniforme y coordinada, por lo que la reforma constituye una decisión de Estado necesaria para unificar criterios y homologar tipos penales y punibilidades.
Senadoras de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la relevancia del cambio constitucional. Martha Lucía Micher Camarena destacó que el feminicidio es una grave violación a los derechos humanos que no admite demoras. Verónica Rodríguez Hernández señaló que la justicia se construye con acciones concretas, no con declaraciones. Virginia Magaña Fonseca recordó que la reforma responde a exigencias de los movimientos feministas. Paloma Sánchez Ramos subrayó que el Estado debe intervenir antes de que la violencia escale hasta la muerte de una mujer. Geovanna Bañuelos de la Torre enfatizó la necesidad de eliminar vacíos legales que permiten la impunidad. Alejandra Barrales Magdaleno consideró que, aunque es un paso positivo, se requieren acciones más profundas.
La reserva presentada por la senadora Mely Romero Celis no fue admitida para su discusión. Con la aprobación del dictamen, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.