El Senado de la República formalizó la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, luego de que 19 congresos estatales enviaran sus votos aprobatorios, alcanzando así la mayoría requerida para modificar la Constitución. Con ello, el proyecto que reforma los artículos 115, 116 y 134 fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó al Pleno la recepción del expediente enviado por la Cámara de Diputados, el cual incluye los avales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
Castillo Juárez subrayó que la declaratoria representa la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a colocar a las instituciones al servicio del pueblo. Afirmó que la reforma busca eliminar privilegios, reducir gastos excesivos, ordenar el uso de recursos públicos y corregir inercias burocráticas que se alejaron del sentido del servicio público.
La reforma al artículo 115 fija un límite de una sindicatura y hasta quince regidurías en los ayuntamientos, bajo principios de paridad vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva. El cambio al artículo 116 establece que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder 0.70 por ciento del gasto estatal, además de garantizar paridad e igualdad en su integración y funcionamiento.
En el artículo 134 se determina que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como titulares administrativos del INE, organismos locales y tribunales electorales, no podrán superar la del presidente de la República. También se prohíbe la contratación de seguros privados o prestaciones no previstas en la ley con recursos públicos.
El proyecto incluye un transitorio que obliga al Senado a reducir progresivamente su presupuesto durante cuatro ejercicios fiscales hasta alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento.
Castillo Juárez destacó que la reforma fortalece la legitimidad del Instituto Nacional Electoral al impulsar medidas de austeridad y racionalidad administrativa, permitiendo que los recursos ahorrados se destinen a obras públicas, programas sociales y apoyo a las familias mexicanas.
La iniciativa original fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 17 de marzo. Con la declaratoria emitida, el proceso legislativo avanza hacia su publicación y entrada en vigor.