En una sesión marcada por el análisis de derechos laborales y protección a la infancia, el diputado Ricardo Madrid Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para reformar las fracciones II y III del apartado A del artículo 123 constitucional, con el objetivo de prohibir de manera explícita que personas menores de dieciocho años realicen labores insalubres, peligrosas o trabajo nocturno en cualquier sector productivo.
La propuesta incorpora una precisión adicional: quedará prohibida toda actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleve a cabo, pueda resultar dañina para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Madrid Pérez explicó que la reforma busca cerrar vacíos legales y garantizar que ningún menor sea expuesto a riesgos físicos, emocionales o ambientales derivados de actividades laborales.
El legislador planteó que quienes tengan más de la edad mínima de admisión al trabajo y menos de dieciocho años solo podrán laborar en jornadas máximas de seis horas diarias y treinta y seis semanales, sin horas extraordinarias y únicamente en actividades no peligrosas ni insalubres. Subrayó que estas restricciones deben acompañarse de una estricta protección a su salud, seguridad, moralidad y desarrollo integral.
En la exposición de motivos, la iniciativa aclara que la edad mínima para trabajar no podrá ser inferior a la conclusión de la educación obligatoria, manteniéndose la prohibición absoluta de contratar a personas menores de quince años. Madrid Pérez destacó que estas medidas buscan garantizar una infancia libre de trabajos perjudiciales, en consonancia con el principio de dignidad humana y el interés superior de la niñez.
El diputado señaló que la reforma coloca en el centro las necesidades de niñas y niños, asegurando tiempo para aprender, jugar y crecer en entornos seguros, con jornadas compatibles con su etapa de desarrollo. Consideró que la medida contribuirá a reducir riesgos de lesiones, deserción escolar y explotación, especialmente en el caso de niñas que suelen enfrentar cargas desproporcionadas de labores domésticas no remuneradas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictamen. De aprobarse, representaría un paso significativo en la consolidación de un marco constitucional que garantice que cada menor viva su infancia plenamente y llegue a la adultez con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida.