En la Cámara de Diputados, el legislador Emilio Suárez Licona, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI) para que entregue un informe detallado sobre el uso de recursos públicos en la investigación y desarrollo de la vacuna Patria. El llamado también incluye a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la que solicitó información técnica sobre riesgos, efectos secundarios y parámetros de seguridad y eficacia del biológico, así como su eventual aplicación contra otras enfermedades.
El diputado advirtió que las inconsistencias en la información oficial sobre el proyecto no solo representan un gasto de miles de millones de pesos sin resultados verificables, sino que han derivado en carencias graves en materia de salud pública. Recordó que en 2022 se reportó una inversión inicial de 199 millones de pesos, mientras que la empresa Avimex destinó recursos adicionales para plantas piloto y de producción. Sin embargo, en 2023 la entonces titular del Conacyt informó que el costo total ascendía a 973 millones de pesos, cifra que supera por más de 550 millones lo registrado en documentos obtenidos vía transparencia.
Suárez Licona señaló que, pese a estas cifras, el costo real del proyecto sigue sin conocerse y que estimaciones periodísticas sugieren que podría rebasar los 973 millones de pesos. En su posicionamiento, acusó que los recursos públicos se han destinado a proyectos que benefician a grupos cercanos al poder, mientras que la población enfrenta escasez de medicamentos, vacunas e insumos básicos.
El legislador sostuvo que la falta de inversión en instituciones como los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil y los hospitales de la Secretaría de Salud contrasta con la continuidad de un proyecto que fue anunciado hace cinco años y que aún no ofrece resultados concluyentes. Para la bancada priista, la rendición de cuentas es indispensable y debe aplicarse con rigor en todos los programas financiados con recursos públicos.
El Punto de Acuerdo será turnado a comisiones para su análisis, en un contexto legislativo marcado por la exigencia de mayor transparencia en proyectos científicos y de salud, así como por el debate sobre la suficiencia presupuestal del sistema sanitario nacional.