Ante el anuncio del titular del Ejecutivo Federal sobre un paquete de reformas constitucionales, destacando la denominada «Reforma Judicial», se ha generado una considerable incertidumbre, ansiedad y preocupación entre el personal del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Los titulares de los diferentes órganos jurisdiccionales del país no han sido la excepción.
En el Decimoprimer Circuito, con sede en Michoacán, se convocó el pasado 25 de junio a una Asamblea General conjunta con la participación de magistradas, juezas, magistrados, jueces y todos los funcionarios de las sedes michoacanas del Poder Judicial de la Federación. Esta asamblea también contó con la intervención de las dos fuerzas sindicales que agrupan a estos trabajadores.
El objetivo principal de esta asamblea fue analizar y opinar sobre las eventuales modificaciones a las disposiciones constitucionales. Además, se buscó resaltar aquellos aspectos de la reforma que realmente fortalecerán el sistema de justicia en el país y defender la democracia nacional, así como velar por la defensa estratégica de los derechos laborales de los empleados de la institución.
Durante la reunión se logró un consenso unánime de unidad, apoyo y correspondencia absoluta entre los participantes. Se han iniciado trabajos para una defensa legal en sede internacional, dirigida por los titulares del circuito. Estos esfuerzos incluyen la búsqueda de apoyo de universidades, colegios de abogados, sectores del comercio, académicos y figuras de la política nacional. Asimismo, se planea la celebración de foros abiertos relacionados con la temática de la reforma.
Desde los grupos sindicales, con el respaldo de sus agremiados, se está diseñando una estrategia para un paro nacional. Esta medida busca defender los derechos de todos los mexicanos a contar con un Poder Judicial de la Federación fortalecido y a la altura de las exigencias de un estado democrático.
La lucha comienza desde el interior del Decimoprimer Circuito, con la esperanza de que estas acciones se repliquen en todos los circuitos judiciales y en la sociedad civil en general. Esta respuesta unificada busca garantizar que cualquier reforma al sistema de justicia se haga en beneficio del país y sus ciudadanos.