En el recinto legislativo, la diputada María Del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para modificar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con el propósito de incrementar las penas cuando la víctima sea una niña o un niño menor de tres años. La propuesta plantea que la sanción actual —de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa— se aumente hasta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo.
La reforma al artículo 10 de la ley se fundamenta en la extrema vulnerabilidad de las víctimas en la primera infancia y en la alta peligrosidad del delito. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.
En su exposición de motivos, Guzmán Avilés subrayó que el secuestro es uno de los delitos más graves y dañinos para la sociedad mexicana, pues afecta no solo a la víctima directa, sino también a su familia y entorno inmediato. Señaló que el riesgo se agrava cuando el delito se comete contra menores de cero a tres años, etapa crucial para el desarrollo físico, mental y emocional, en la que requieren cuidados constantes, revisiones médicas, vacunación, vigilancia nutricional y, en muchos casos, lactancia.
La diputada advirtió que los hechos traumáticos en edades tempranas pueden dejar secuelas permanentes. Citó estudios que indican que la exposición al trauma y al estrés crónico en la infancia incrementa la probabilidad de padecer ansiedad, depresión, adicciones, obesidad, diabetes y otros problemas de salud mental a lo largo de la vida.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de cada diez secuestros registrados entre 2015 y 2024 tuvo como víctimas a niñas, niños o adolescentes. Guzmán Avilés afirmó que esta realidad obliga a fortalecer el marco legal para garantizar una protección efectiva.
La legisladora concluyó que es necesario modificar la ley para asegurar que quienes cometan este delito reciban sanciones más severas, al considerar que la sociedad tiene la responsabilidad de proteger a la niñez y evitar que actos de esta naturaleza queden sin una respuesta penal proporcional.