En una conferencia de alto voltaje político en la Cámara de Diputados, el PAN elevó la presión sobre el Gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena al exigir la desaparición de poderes en Sinaloa y el inicio del proceso de desafuero contra el gobernador Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. El mensaje se articuló en un contexto donde los panistas insistieron en que la red de protección política en torno a funcionarios morenistas ya no puede sostenerse.
El encuentro fue encabezado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el coordinador del GPPAN, Elías Lixa, y el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya. En ese marco, la diputada federal por Baja California, Eva María Vásquez Hernández, lanzó una advertencia directa: “el tic tac” ya comenzó para los funcionarios morenistas señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
La legisladora sostuvo que en su estado existe una red de encubrimiento político que ha intentado minimizar el retiro de visas a funcionarios de Baja California, pese a la gravedad de los señalamientos. “En Baja California se escucha muy fuerte el ‘tic tac, tic tac’. Y no es un tic tac de cambio de hora, es un tic tac de un reloj que marca los segundos que quedan para que caigan los narcopolíticos que trataron de ocultar”, afirmó.
Vásquez acusó que Morena intentó engañar a la ciudadanía al presentar el retiro de visas como un trámite administrativo. “Cuando les quitaron las visas lo intentaron ocultar y minimizar. Trataron de decir que se trataba de un trámite administrativo, pero ya pasó un año y no tenemos respuestas”, señaló. Añadió que los funcionarios involucrados han evitado dar explicaciones: “Se les pregunta y ¿qué hacen? Se ocultan y salen corriendo por la puerta de atrás”.
La diputada advirtió que el problema no se limita a casos aislados, sino que involucra a distintos niveles de gobierno en Baja California. “No estamos hablando de uno o dos. Estamos hablando de la gobernadora, alcaldes, diputados y demás funcionarios”, dijo. En ese sentido, sostuvo que cualquier autoridad que permita o encubra delitos relacionados con el crimen organizado se convierte en cómplice. “Quien solape, permita o contribuya a ocultar estas irregularidades, que son delitos, se convierte inmediatamente en cómplice de este narcogobierno. Es el cártel de Morena”, afirmó.
En el plano nacional, el PAN reiteró su exigencia de desaparecer los poderes en Sinaloa y avanzar en el desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya. La dirigencia panista insistió en que los señalamientos provenientes de Estados Unidos deben ser atendidos con responsabilidad institucional y no con evasivas políticas.
Eva María Vásquez cerró su intervención con un llamado directo a la presidenta de la República: “Desde aquí le exigimos a la presidenta que rompa el pacto y deje de encubrir a criminales, narcopolíticos y narcogobernadoras”.
La conferencia dejó claro que el PAN busca trasladar el debate sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos estatales al terreno legislativo, con la intención de abrir procesos formales y presionar al Ejecutivo federal para que asuma una postura pública frente a los señalamientos internacionales. Como en otras ocasiones, el partido insistió en que la seguridad y la integridad institucional deben prevalecer sobre cualquier cálculo político.