En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA 2026, el economista Santiago Levy centró su intervención en la segmentación formal‑informal de la economía mexicana, a la que definió como el desafío estructural más relevante y, al mismo tiempo, el ámbito con mayor potencial para detonar crecimiento e inclusión social. Su exposición giró en torno a una idea central: México podría elevar su ingreso per cápita sin aumentar horas trabajadas ni inversión de capital, únicamente reasignando recursos del sector informal al formal.
Levy identificó la falta de crecimiento en la productividad durante los últimos 25 años como “la gran pregunta” para el país. Con base en datos comparativos, afirmó que “un peso de capital y trabajo invertido en una empresa formal rinde al país un 39% más de PIB que el mismo peso invertido en una empresa informal”. A partir de ello, sostuvo que la economía mexicana ha generado un subgrupo de empresas altamente productivas —impulsadas por el T‑MEC— que demuestran la capacidad del país para competir, pero que conviven con un amplio universo de baja productividad.
El economista planteó que el reto no es la informalidad en sí misma, sino el marco institucional que la incentiva. Propuso transitar hacia un esquema “ganar‑ganar” que permita cumplir simultáneamente tres objetivos de política pública: aumentar la productividad, mejorar la eficacia de la protección social y ampliar la base tributaria. Recordó que más de la mitad de los trabajadores y el 90% de las empresas operan en la informalidad, lo que mantiene la recaudación entre 16% y 18% del PIB. Reducir la segmentación, afirmó, permitiría sumar entre tres y cuatro puntos adicionales de recaudación sin modificar tasas impositivas.
En materia de protección social, Levy señaló que el sistema actual provoca que el trabajador promedio pase 54% de su vida laboral en la informalidad, con riesgos para pensiones y atención médica. Propuso enlazar los sistemas no contributivos —como el de Adultos Mayores— con el Sistema de Ahorro para el Retiro, siguiendo modelos como el de Chile, para mantener incentivos a la formalidad.
Sobre el marco legal, planteó revisar desde el artículo 123 constitucional hasta las leyes fiscales y laborales para eliminar asimetrías que hacen más costosa la formalidad que el valor que el trabajador recibe a cambio. En cuanto a los incentivos fiscales, advirtió que es necesario diseñar un régimen que no desincentive el crecimiento de las empresas.
Levy subrayó que, ante la amplia lista de reformas pendientes, se requiere claridad conceptual para priorizar, “porque no se puede hacer todo”. Su propuesta inicia con la construcción de un acuerdo social entre partidos políticos, empresarios y sindicatos, antes que con una reforma legislativa específica.
Concluyó que abordar la segmentación formal‑informal es la tarea más urgente y la única vía para garantizar crecimiento con inclusión social. “El camino implica dejar de legislar pensando solo en la mitad formal del país y empezar a construir la ruta de salida del modelo actual”, afirmó.