Una investigación publicada por Latinus y firmada por el periodista Julio Astorga reveló que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene un rezago significativo en la resolución de asuntos penales y fiscales, incumpliendo el plazo constitucional de seis meses establecido en la reforma judicial aprobada en 2024.
De acuerdo con los datos difundidos, la Corte tiene pendientes 104 casos penales y 57 fiscales, de los cuales 78 asuntos penales y 11 fiscales superan el límite de medio año sin resolución. El retraso contrasta con la promesa de campaña de los ministros electos por voto popular, quienes aseguraron que la reforma impulsada por el gobierno de Morena permitiría una justicia más rápida y sentencias en tiempos más cortos.
Entre los expedientes que permanecen sin dictamen se encuentran los amparos en revisión 730/2023 y 236/2024, relacionados con la prisión preventiva oficiosa, así como un caso vinculado a la Guardería ABC, tragedia en la que murieron 49 niños y que continúa sin una resolución definitiva en el máximo tribunal.
La ministra Loretta Ortiz encabeza la lista de rezagos, con 28 expedientes penales que ya rebasaron el plazo constitucional. Entre ellos se encuentra el amparo en revisión 648/2024, que aborda la posible prescripción del caso ABC. Le siguen la ministra María Estela Ríos, con ocho expedientes, y el ministro Hugo Aguilar, con dos casos en la misma situación.
En materia fiscal, la ministra Sara Irene Herrerías acumula cinco asuntos con más de seis meses sin sentencia, mientras que Lenia Batres mantiene tres expedientes pendientes. Varios de estos casos cuestionan la constitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, modificado durante la administración de Claudia Sheinbaum.
El reportaje destaca que la reforma judicial obligaba a los órganos jurisdiccionales a informar al Tribunal de Disciplina Judicial sobre cualquier atraso en la emisión de sentencias. Sin embargo, el rezago persiste y afecta directamente la operación del nuevo modelo de justicia.
Astorga subraya que la llamada “nueva Corte” mantiene en el escritorio asuntos de alto impacto social y jurídico, mientras que la reforma que prometía agilizar los procesos enfrenta su primera prueba pública. El incumplimiento del plazo constitucional abre un debate sobre la capacidad operativa del nuevo esquema y sobre la viabilidad de un Poder Judicial electo por voto popular para atender con oportunidad los casos más sensibles del país.