La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordenan la entrega de la versión pública de la resolución de cambio de uso de suelo forestal para la construcción de la Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo.
La decisión se dio en respuesta a los recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Corte determinó que estos recursos eran infundados, reafirmando que la información medioambiental solicitada no justifica su reserva bajo argumentos de seguridad nacional.
La Corte destacó que:
- La Consejería Jurídica no logró demostrar que la divulgación de la información relacionada con el cambio de uso de suelo forestal deba mantenerse reservada por razones de seguridad nacional.
- La información técnica y específica sobre las instalaciones del aeropuerto y la base aérea militar, que es clasificada, no fue parte de las revisiones.
- Según el precedente establecido en la controversia constitucional 217/2021, la información no puede reservarse anticipadamente mediante un decreto, sino que debe aplicarse una prueba de daño en cada caso específico.
- La Consejería Jurídica no presentó evidencia de que el procedimiento administrativo de solicitud de impacto ambiental contenga detalles técnicos específicos o coordenadas del proyecto, que estarían reservadas.
La resolución enfatiza que la solicitud de información está vinculada al derecho de acceso a la información y al derecho a un medio ambiente sano. Este fallo reafirma la transparencia y el acceso a información ambiental relevante, permitiendo a la ciudadanía conocer los detalles sobre el uso de suelo forestal y su impacto.
El recurso de revisión en materia de seguridad nacional no debe interpretarse como una segunda instancia para todas las cuestiones resueltas por el INAI. Su alcance está limitado a la evaluación de si la divulgación de cierta información podría comprometer la seguridad nacional. La Corte tiene la jurisdicción plena para resolver estas cuestiones de manera definitiva.
Esta decisión fortalece la transparencia y el acceso a la información pública, elementos fundamentales para una democracia robusta y la protección del medio ambiente.