La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la constitucionalidad de los artículos 376 bis y 376 Ter del Código Penal Federal, los cuales prevén y sancionan de forma individual e independiente los delitos de robo de vehículo y robo de carga en transporte privado. Esta resolución se dio en el marco del Amparo en revisión 382/2021, con el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como ponente, y fue aprobada por mayoría de tres votos en la sesión del 12 de junio de 2024.
La SCJN determinó que estos artículos, al crear figuras delictivas específicas con sanciones más severas, responden al alarmante incremento de robos en el sector público y privado, y a la necesidad de una política criminal que prevenga el robo en el autotransporte en sus diversas modalidades. Así, se establecieron dos delitos distintos con características propias y objetos específicos.
Por un lado, se tipificó el robo de vehículo automotor terrestre como un delito autónomo, centrado en el vehículo mismo. Por otro, se configuró el delito de robo de mercancías, equipaje y/o valores transportados mediante servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado. Esta diferenciación impacta en el bien jurídico tutelado: mientras el primero se enfoca en el patrimonio, el segundo trasciende al comercio, afectando tanto el patrimonio como el comercio.
La Primera Sala resolvió que estos artículos son constitucionales, ya que sancionan conductas diferentes respecto a sus objetos materiales y bienes jurídicos tutelados. Ambos delitos pueden cometerse de manera separada o conjunta, por lo que no se considera que se esté juzgando a una persona dos veces por el mismo delito, manteniendo así el principio non bis in idem.
Esta decisión refuerza la capacidad del sistema legal para abordar el creciente problema del robo en el autotransporte, ofreciendo una herramienta más robusta para la protección de los bienes y el comercio en México.