La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en una etapa crucial al evaluar la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, relacionadas con la #ReformaJudicial promulgada el pasado 15 de septiembre. En este contexto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado un proyecto de sentencia que busca resolver si la reforma cumple con los principios constitucionales que regulan al Poder Judicial en México.
La reforma ha sido impugnada por diversos partidos políticos, entre ellos, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como por legisladores de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila. Argumentan que las modificaciones constitucionales afectaron ilegalmente aspectos clave del Poder Judicial, desde el proceso de nombramiento de jueces y magistrados hasta la creación de nuevas instancias disciplinarias y administrativas.
Principales resolutivos del proyecto de González Alcántara Carrancá
El proyecto de sentencia destaca varios puntos centrales sobre la constitucionalidad y validez de las disposiciones modificadas en esta reforma:
- Límites al órgano reformador: El análisis preliminar del proyecto establece que, si bien el Congreso tiene facultad para modificar la Constitución, existen límites específicos que impiden vulnerar los principios de separación de poderes y la autonomía judicial. Este principio es clave, pues determina la capacidad de la Corte para revisar la constitucionalidad de reformas que afecten la esencia del Poder Judicial.
- Nuevo régimen de nombramientos y remociones: La reforma estableció un sistema diferente para la designación de jueces y magistrados. Sin embargo, el proyecto subraya la necesidad de respetar la inamovilidad judicial, un principio que protege a los funcionarios de influencias políticas y garantiza su independencia. En este sentido, la propuesta considera que el nuevo esquema podría estar en conflicto con el mandato constitucional.
- Extinción del Consejo de la Judicatura y creación de nuevos órganos disciplinarios: La reforma eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y creó un Tribunal de Disciplina Judicial. La propuesta de González Alcántara cuestiona la constitucionalidad de esta transformación, advirtiendo que puede afectar el equilibrio de poderes y la autonomía del Poder Judicial, ya que el nuevo tribunal disciplinario tendría amplias facultades que podrían poner en riesgo la imparcialidad judicial.
- Aplicación retroactiva de la reforma: Un aspecto particularmente controvertido es la retroactividad de ciertas disposiciones, como el nuevo régimen aplicable a jueces y magistrados. La SCJN considera que esta medida viola el principio de no retroactividad, pues afecta derechos adquiridos de los funcionarios judiciales y contribuye a una incertidumbre jurídica que puede perjudicar tanto a los funcionarios en funciones como al sistema judicial en su conjunto.
- Impacto en el derecho de amparo: La reforma limitó el alcance del Juicio de Amparo, eliminando su aplicación para impugnar reformas constitucionales. Este cambio ha sido señalado como una amenaza a las garantías individuales y un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, uno de los principios rectores de la justicia en México.
El proyecto de resolución ha provocado un intenso debate en los círculos jurídicos y políticos, donde se han expresado preocupaciones sobre los efectos de la reforma en la independencia judicial y los derechos ciudadanos. COPARMEX, organizaciones de derechos humanos y académicos han manifestado su respaldo a la SCJN en la revisión de esta reforma, subrayando la importancia de que el fallo garantice la permanencia de un sistema de justicia imparcial y autónomo.
Se espera que el Tribunal Pleno de la SCJN discuta y vote el proyecto en las próximas semanas, en una decisión que podría marcar un precedente significativo en la protección del Estado de Derecho y la separación de poderes en México.