La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en sesión del 28 de agosto la constitucionalidad de la reforma a los artículos 4-A y 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales establecen que las actividades no gravadas por este impuesto no podrán beneficiarse del acreditamiento del mismo. La decisión fue tomada de manera unánime por los cinco ministros que componen la Primera Sala.
Esta resolución se derivó de la revisión de un amparo promovido por una empresa con inversión extranjera, que alegaba la inconstitucionalidad de la reforma vigente desde 2022. Dicha reforma establece que las actividades realizadas en el extranjero o aquellas no previstas en el artículo 1° de la Ley del IVA no son susceptibles de acceder a la mecánica del acreditamiento de dicho impuesto. El amparo había sido previamente negado por un Juez de Distrito, decisión que fue confirmada por la SCJN.
El Tribunal señaló que la reforma no implica la creación de nuevos impuestos, sino que busca proporcionar claridad y certeza jurídica, impidiendo que contribuyentes se beneficien indebidamente del acreditamiento del IVA en actividades no sujetas a dicho impuesto. En su fallo, la SCJN estableció que las modificaciones son acordes con los principios de equidad y proporcionalidad tributarios, así como con el principio de neutralidad impositiva, que busca evitar distorsiones en los mecanismos de mercado.
La Primera Sala también aclaró que la reforma no incrementa la carga tributaria para las empresas con inversión extranjera, ya que no introduce nuevos gravámenes, sino que se enfoca en regular el acreditamiento del IVA, un impuesto indirecto que recae en el consumidor final. Además, el fallo enfatizó que las normas impugnadas no violan los principios de igualdad y no discriminación, ya que no establecen tratos diferenciados por nacionalidad o origen de inversión.
Esta resolución marca un precedente importante en la interpretación de las reformas fiscales recientes y refuerza la postura de la SCJN en defensa de la equidad y neutralidad en la aplicación de las leyes tributarias. Con esta decisión, la Corte busca asegurar que el sistema fiscal mexicano sea justo y coherente con los principios constitucionales, evitando que se generen ventajas indebidas en el acreditamiento del IVA.