La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha dado un paso significativo en defensa de la autonomía judicial en México al presentar una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para activar el procedimiento previsto en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este mecanismo, que ya ha sido activado según informó la Secretaría de la Comisión, permite a la CIDH requerir al Estado mexicano información confidencial y detallada sobre cualquier ley, proyecto de ley, política pública o acto estatal que pudiera afectar regresivamente los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.
La solicitud de la JUFED se centra en la preocupación por el llamado «Plan C», un conjunto de reformas constitucionales y legales que podrían impactar negativamente la independencia del Poder Judicial en México. En su solicitud, la JUFED pidió a la CIDH que requiera al Estado mexicano tomar medidas para asegurar que cualquier reforma que afecte al Poder Judicial cumpla con los estándares internacionales en materia de independencia judicial y otros derechos humanos.
Entre las inquietudes planteadas en la solicitud destacan los riesgos que el «Plan C» podría representar, como la destitución generalizada de funcionarios judiciales, la vulneración de la carrera judicial y el principio de inamovilidad en el cargo, así como el impacto en los derechos adquiridos por los funcionarios judiciales y sus derechohabientes. Además, se expresaron preocupaciones sobre la posible implementación de un sistema de elección popular de jueces y magistrados, el cual podría estar expuesto a presiones externas, incluyendo grupos de poder fáctico o incluso organizaciones criminales.
La JUFED también solicitó a la CIDH que garantice que cualquier decisión sobre el «Plan C» sea ampliamente debatida durante la entrada en funciones de la nueva legislatura en septiembre de 2024, y que incluya la participación efectiva del Poder Judicial, asociaciones de jueces, empleados del Poder Judicial, y organizaciones de la sociedad civil.
La activación de este mecanismo por parte de la CIDH representa un importante respaldo a la defensa de la independencia judicial en México, en un momento en que las reformas propuestas podrían alterar profundamente la estructura y funcionamiento del sistema de justicia en el país. La JUFED espera que esta intervención internacional contribuya a garantizar que cualquier reforma respete los derechos humanos y fortalezca, en lugar de debilitar, el Estado de derecho en México.