En una rueda de prensa reciente, jueces, magistrados y trabajadores del primer circuito del Poder Judicial de la Federación en Michoacán manifestaron su rechazo a la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, acompañado por otros funcionarios judiciales, detalló las preocupaciones y acciones planeadas ante la iniciativa presentada el pasado 5 de febrero de 2024.
La reforma, que propone cambios significativos como la elección de jueces, la transformación de tribunales disciplinarios y la eliminación de consejos de la judicatura, ha sido motivo de controversia. Los opositores argumentan que esta afectará la administración de justicia y la independencia de los jueces, elementos esenciales para un sistema judicial imparcial y objetivo.
Durante el evento, se hizo énfasis en la unidad del decimoprimer circuito, que incluye a todos los jueces y magistrados federales en Michoacán, así como al personal sindicalizado. Se destacó que la situación va más allá de los intereses laborales, afectando directamente a la sociedad y a quienes recurren a los tribunales en busca de justicia.
La primera medida adoptada fue la creación de una comisión representativa, integrada por varios magistrados y jueces, para entablar un diálogo continuo con el personal y la sociedad. Además, se mencionó la participación en los diálogos convocados por la Cámara de Diputados, que se llevarán a cabo en toda la República hasta el 6 de agosto. Sin embargo, advirtieron que, de no obtenerse resultados satisfactorios, se podría considerar un paro nacional de labores.
El magistrado Moisés Duarte Brís subrayó que la actual legislatura no resolverá el fondo de la reforma, tarea que corresponderá a la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre. Asimismo, se destacó la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de aprobarse la reforma, para solicitar medidas cautelares.
Los funcionarios judiciales resaltaron los riesgos que implicaría la reforma, incluyendo la pérdida de independencia e imparcialidad de los jueces y la posible politización de la justicia. Además, mencionaron las consecuencias económicas negativas, como la inestabilidad y la fuga de capitales, que ya se han comenzado a observar con la sola propuesta de la reforma.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad para que comprendiera que su oposición no es un conflicto con la ciudadanía, sino una defensa de la administración de justicia y del Estado de Derecho en México. Insistieron en que la reforma, de aprobarse, podría debilitar gravemente las instituciones y llevar a una crisis en la división de poderes.
Esta manifestación se suma a las voces de otros circuitos judiciales en el país que también han expresado su rechazo a la reforma, indicando que el debate sobre este tema apenas comienza y que su desenlace será crucial para el futuro del sistema judicial mexicano.