Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por los periodistas Iván Alamillo y Verónica Ayala, documentó que un informe interno de la Secretaría de Marina confirma que el buque Challenge Procyon ingresó al puerto de Tampico con alrededor de 20 millones de litros de combustible disfrazado como “aditivo”, aunque el Gobierno federal reportó haber asegurado únicamente la mitad de ese volumen.
De acuerdo con la información obtenida por MCCI, la Capitanía de Puerto de Tampico notificó el 18 de marzo al Comandante de la Primera Zona Naval, Vicealmirante Juan Carlos Vera Salinas, que la agencia consignataria Altamaritima presentó un manifiesto de carga por 17 mil 459 toneladas de “aditivo para aceite lubricante”. Con base en parámetros internacionales de densidad del diésel, esa cantidad equivale a aproximadamente 20 millones de litros, cifra idéntica a la que la empresa importadora Intanza reclama en tribunales.
Sin embargo, el 31 de marzo la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que habían decomisado solo 10 millones de litros en predios de Altamira, Tamaulipas, después de que el combustible fue descargado en el puerto de Tampico. La diferencia de volumen, documentada por MCCI, apunta a la desaparición de la mitad de la carga original.
La investigación detalla que esta operación corresponde a un esquema de “huachicol fiscal”, consistente en importar diésel bajo fracciones arancelarias distintas para evitar el pago del IEPS. Intanza, la empresa responsable de la importación desde Beaumont, Texas, promovió diversos juicios de amparo reclamando la confiscación de 5 millones 460 mil galones de supuesto aditivo, equivalentes a los mismos 20 millones de litros señalados en el documento naval.
MCCI también identificó vínculos entre el director de Administración y Finanzas de ASIPONA Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, y los dueños de Intanza, con quienes comparte participación en la empresa Belure. Pese a ello, el funcionario no ha declarado dicha relación en sus informes patrimoniales y continuaba en funciones hasta abril, según Nómina Transparente. Fotografías verificadas por MCCI muestran su presencia en actos públicos junto al director general de ASIPONA, el Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez.
Ante la diferencia entre el volumen importado y el asegurado, la Secretaría de Marina señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la cantidad y el destino del combustible. La institución afirmó que colaborará con las investigaciones y que no protegerá a ningún elemento involucrado.
La investigación de MCCI subraya que el documento naval confirma que las autoridades federales tenían conocimiento del volumen total de combustible ingresado al país, lo que contrasta con la cantidad reportada como asegurada y abre interrogantes sobre el destino de los 10 millones de litros restantes.