Una investigación del portal informativo El CEO, realizada por el periodista Dan Ibáñez, documenta que el programa federal Viviendas del Bienestar —operado por el Infonavit bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza— ha beneficiado a empresas vinculadas con contratistas de Pemex, redes inmobiliarias regionales y grupos cercanos a figuras políticas de Morena. Los contratos, por más de 50,000 millones de pesos, fueron adjudicados sin licitación pública y mediante un modelo discrecional que concentra decisiones en la nueva constructora del instituto.
El CEO revisó 96 contratos otorgados entre enero y septiembre de 2025 para la construcción de 100,000 viviendas y encontró que 13 grupos empresariales concentran más de 14,000 millones de pesos. Entre ellos figuran compañías que previamente recibieron contratos de Pemex durante la gestión de Romero Oropeza y que incluso mantenían adeudos pendientes con la petrolera.
Uno de los casos señalados es Inmobiliarios Mexicanos S.A. de C.V., propiedad del empresario Rolando Cantú Barragán, que obtuvo un contrato por 598 millones de pesos para construir viviendas en Veracruz. Su grupo empresarial había suspendido operaciones con Pemex por falta de pago días antes de recibir el contrato del Infonavit. Otro caso es Interservicios de Tabasco, que construirá más de 6,000 viviendas por 3,335 millones de pesos y cuyos dueños fueron proveedores de Pemex en la venta de tuberías, herramientas y transporte de materiales.
La investigación también identifica la participación de empresas vinculadas a redes políticas locales. En Veracruz, compañías relacionadas con la familia Yunes recibieron contratos por más de 1,700 millones de pesos, pese a antecedentes de sanciones e inhabilitaciones. En Tabasco, empresas con vínculos empresariales con personas cercanas al senador Adán Augusto López Hernández fueron seleccionadas para construir miles de viviendas.
El CEO documenta además la presencia de desarrolladoras inmobiliarias con acusaciones previas de despojo o irregularidades ambientales, como Crear Hogares del Sureste, Yucasa y MCR Proyectos y Desarrollos, que en conjunto recibieron contratos por miles de millones de pesos para construir viviendas en Yucatán.
La firma de la mayoría de los contratos estuvo a cargo de Marcos Manuel Herrería Alamina, secretario general del Infonavit y representante de su constructora. Herrería es identificado como colaborador cercano de Romero Oropeza desde su paso por Pemex y socio suyo en una empresa ganadera. Organizaciones civiles han señalado que supervisó obras irregulares por más de 100,000 millones de pesos durante la administración anterior.
El programa Viviendas del Bienestar opera bajo un esquema “llave en mano”, donde las empresas contratadas se encargan de todo el proceso, desde la adquisición del terreno hasta la entrega final. Este modelo no contempla licitaciones públicas y permite adjudicaciones directas basadas en invitaciones internas, lo que acelera los proyectos pero reduce la competencia y la transparencia.
El gobierno federal proyecta construir más de un millón de viviendas para 2030, de las cuales cerca de la mitad quedarán bajo responsabilidad del Infonavit. Con solo el 20% de la meta adjudicada en 2025, la investigación señala que el instituto mantiene como principales beneficiarios a grupos empresariales cercanos a Romero Oropeza.
El CEO solicitó postura al Infonavit y a las empresas involucradas, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición.

