Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), firmada por la periodista Vanessa Cisneros, reveló en octubre de 2024 irregularidades en la asignación de contratos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atender a personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. A raíz de esta indagatoria, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno sancionó a una de las empresas involucradas.
La empresa Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos fue inhabilitada por un periodo de 15 meses, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. La resolución establece que ninguna entidad gubernamental podrá aceptar propuestas ni celebrar contratos con dicha compañía durante ese lapso. Además, se impuso una multa cuyo monto no fue especificado. La inhabilitación permanecerá vigente hasta que se realice el pago correspondiente, conforme al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De acuerdo con la investigación de MCCI, Adiam recibió más de 37 millones de pesos en un contrato con Sedena para entregar 11 mil colchones a los afectados por el huracán. La empresa está registrada en un departamento ubicado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, y fue constituida en noviembre de 2021 en Taxco, Guerrero, por el ex alcalde y ex diputado Omar Jalil Flores Majul.
La investigación documentó que, además de colchones, Adiam ofertó a Sedena una amplia gama de productos, incluyendo artículos de cocina, limpieza, mobiliario, alimentos enlatados y botellas de agua. MCCI visitó el domicilio registrado por la empresa y constató que se trata de una distribuidora con operaciones diversas.
En entrevista telefónica con MCCI, los socios Juan Ángel Pérez Guadarrama y Mario Flores Majul señalaron que cuentan con convenios de colaboración con fabricantes para surtir grandes volúmenes de productos. Reconocieron que operan como intermediarios ante dependencias gubernamentales, incluyendo Sedena.
La sanción impuesta por la Secretaría Anticorrupción se da en seguimiento a los hallazgos publicados por MCCI, que documentaron el uso de proveedores con estructuras limitadas para contratos de gran escala en contextos de emergencia. El caso plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación pública en situaciones de desastre y sobre la supervisión institucional en el uso de recursos públicos.