Reconocemos que en la marcha del 15 de noviembre hubo agresiones de grupos organizados, caracterizados por el uso de violencia extrema, que no apoyaban las banderas que motivaron la manifestación pública y no han sido identificados por la autoridades. Pero señalamos que las actuaciones de las autoridades del Gobierno Federal y del gobierno local (antes, durante y después de la manifestación) criminalizaron, pusieron en riesgo y persiguieron de manera desproporcionada a integrantes de diversos grupos de la sociedad que ejercían su derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Igualmente, debe investigarse y responsabilizarse a las autoridades correspondientes por las posibles violaciones de derechos humanos de los manifestantes y de los policías.
Las evidencias documentadas por diversos medios y periodistas, así como por los propios manifestantes, dan cuenta de una logística que obstaculizó la entrada a la plancha del Zócalo mediante la colocación de vallas y barreras. Se permitió la violencia por parte de integrantes del denominado «bloque negro» mientras arribaban los contingentes de víctimas y manifestantes pacíficos. Solo hasta horas después, las fuerzas policiales intervinieron con un uso de la fuerza que se materializó en agresiones flagrantes, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en las que incluso se privó de la libertad a personas que no eran parte de la movilización. Al menos 29 personas fueron detenidas y 6 periodistas fueron agredidos.
Creemos en la justa y precisa aplicación de la ley como pilar esencial del Estado de derecho, por lo que nos preocupa que la Fiscalía de la Ciudad de México decidiera perseguir a varios de los manifestantes y ciudadanos detenidos por el delito de homicidio en grado de tentativa, una figura excepcionalmente grave con penas de hasta 20 años de prisión. La acusación de intentar privar de la vida a alguien exige elementos probatorios indiscutibles y su aplicación incorrecta puede convertir a la acción penal en un mecanismo de disuasión y/o castigo desproporcionado contra los manifestantes.
Es pertinente recordar que ya vimos este tipo de acciones —antes calificadas como represivas— en administraciones del pasado: hace exactamente 11 años el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo arbitrariamente a jóvenes que se manifestaban en el Zócalo tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, acusándolos, entonces, de asociación delictiva, motín y, también, tentativa de homicidio. No es trivial la diferencia entre los tipos de delito que decide perseguir el Estado, cómo los llama y qué decide hacer ante ellos, tal como demuestra la discusión sobre la declarada disminución de las víctimas de homicidio doloso, al mismo tiempo que hay incrementos notables de las víctimas de desaparición, homicidios no intencionales y «otros delitos contra la vida».
Por ello, desde MCCI manifestamos nuestra preocupación y exigimos que:
- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigue, deslinde responsabilidades y sancione la actuación de los elementos de la fuerza pública implicados en las agresiones, detenciones, traslados y custodia de los detenidos que terminaron siendo procesados en el Reclusorio Norte.
- Se evite la aplicación de figuras penales desproporcionadas, como la tentativa de homicidio, para evitar que sea empleada como herramienta de intimidación o disuasión del derecho de asociación y manifestación.
- Las diferentes instituciones encargadas de velar por los derechos humanos ejerzan sus facultades y mandatos legales para investigar la violación de los derechos de los manifestantes y de las fuerzas del orden.
- Que se establezcan operativos y protocolos que, lejos de inhibir, permitan la participación libre y protejan a quienes acudan a ejercer su derecho a manifestarse pacífica y legítimamente, sin miedo a ser atacados, ya sea por grupos violentos que siguen gozando de impunidad o por las autoridades del Estado.
Hoy, más que nunca, México necesita instituciones que actúen con base en la normatividad nacional e internacional, que respondan a los ciudadanos y no al poder. La protesta no puede convertirse en un riesgo de persecución penal ni en un escenario donde la autoridad decide quién puede expresarse y quién debe ser silenciado. Desde MCCI llamamos a que la sociedad y las instituciones mantengan una vigilancia activa frente a cualquier intento de criminalizar la crítica legítima. La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos no se negocian: se ejercen y se protegen.