La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la legisladora María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, que propone reformar el artículo 6 y adicionar un artículo 7 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el objetivo de cerrar vacíos legales y reconocer de manera explícita la violencia ejercida en relaciones de pareja, expareja, concubinato o cualquier vínculo afectivo, sin importar su formalización o convivencia.
En su exposición de motivos, Ealy Díaz subrayó que la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las violaciones a derechos humanos más persistentes y estructurales en México, especialmente en contextos afectivos donde históricamente se han normalizado dinámicas de control y desigualdad. La diputada advirtió que la violencia no concluye con la ruptura de la relación y que uno de los momentos de mayor riesgo para las mujeres ocurre precisamente cuando deciden poner fin a un vínculo violento, etapa en la que suelen intensificarse conductas como acoso, amenazas, violencia económica, digital o agresiones físicas y sexuales.
La iniciativa incorpora como tipo de violencia aquella ejercida por cónyuges, concubinos, parejas o exparejas, incluyendo cualquier persona con la que exista o haya existido una relación sentimental o íntima. Este reconocimiento busca evitar interpretaciones restrictivas que han llevado a autoridades a desestimar agresiones como “conflictos personales”, negando medidas de protección y generando procesos de revictimización.
El proyecto establece que estos casos deberán ser atendidos bajo principios de debida diligencia reforzada, perspectiva de género, prevención del riesgo feminicida, protección integral y acceso efectivo a la justicia. Con ello, se pretende fortalecer la actuación institucional y garantizar respuestas oportunas y proporcionales al nivel de riesgo que enfrentan las mujeres.
Ealy Díaz afirmó que el propósito de la reforma es “nombrar para proteger”, destacando que reconocer explícitamente estas formas de violencia permitirá brindar protección a mujeres jóvenes, mujeres en relaciones no convivenciales o sin vínculo formal con su agresor, quienes históricamente han quedado fuera del marco legal.
La propuesta también se alinea con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, al reconocer que la violencia puede ser ejercida por cualquier persona con la que exista o haya existido una relación afectiva, obligando a las autoridades a actuar sin discriminación y con enfoque de género.
Finalmente, la iniciativa plantea la armonización legislativa en las entidades federativas y la capacitación obligatoria del personal encargado de atender estos casos, con el fin de consolidar un marco jurídico más sólido y eficaz frente a la violencia de género. El planteamiento avanza hacia un Estado que garantice plenamente el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, colocando en el centro su seguridad, dignidad y bienestar.