En un posicionamiento dirigido a la ciudadanía, la diputada Claudia Rivera Vivanco llamó a reforzar la estrategia de seguridad nacional mediante la vinculación obligatoria de las líneas telefónicas a la Clave Única de Registro de Población (CURP), al considerar que esta medida representa un paso determinante para eliminar el anonimato que facilita operaciones de la delincuencia organizada. La legisladora sostuvo que la identificación plena de cada número permitirá a las autoridades actuar con mayor precisión en casos de extorsión, fraude y amenazas.
Rivera Vivanco fundamentó su exhorto en cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que reportó que durante 2024 alrededor de 7.4 millones de personas fueron víctimas de extorsión en México, y que el 90 por ciento de estos delitos se cometieron mediante llamadas telefónicas. Señaló que el principal obstáculo para la investigación es que el 85 por ciento de las líneas móviles operan sin registro nominal, lo que impide al Ministerio Público rastrear con oportunidad a los responsables.
Como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada subrayó que la identificación de cada línea es indispensable para que las autoridades puedan integrar carpetas de investigación con información verificable. Afirmó que la medida no implica la creación de una base de datos gubernamental ni el resguardo de información sensible, pues el registro se realiza directamente con las compañías telefónicas y no con dependencias del Estado.
Precisó que los datos solicitados —nombre, CURP y número telefónico— permanecen bajo resguardo de las empresas prestadoras del servicio y solo pueden ser requeridos por una autoridad judicial conforme a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con ello, dijo, se garantiza un equilibrio entre seguridad y protección de datos personales.
Rivera Vivanco destacó que en menos de una semana se han registrado más de dos millones de líneas, lo que interpretó como una muestra de compromiso social para cerrar espacios a la impunidad. Reiteró que el trámite constituye una medida de protección individual y colectiva, e invitó a la población a acudir con su compañía telefónica, ya sea AT&T, Telcel u otra, para completar el proceso y contribuir a limitar el uso de dispositivos móviles como herramienta para la comisión de delitos.