Defensores públicos del estado de Michoacán hicieron públicas una serie de denuncias sobre el funcionamiento interno del Instituto de la Defensoría Pública, donde señalan un entorno marcado por persecución laboral, hostigamiento institucional y falta de transparencia en el uso de recursos públicos. Los señalamientos se dirigen al director del organismo, Felipe Morales Correa, a quien acusan de ejercer el cargo con respaldo político de su esposa, la diputada local del Partido del Trabajo, Eréndira Isao, a quien atribuyen influencia directa en las decisiones administrativas del instituto.
De acuerdo con los trabajadores, esta forma de conducción ha generado prácticas que afectan tanto a los defensores como a los ciudadanos que dependen del servicio público de defensa. Afirman que las decisiones internas se toman sin criterios claros y con consecuencias directas en la estabilidad laboral, así como en la calidad de la atención jurídica que se brinda a personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.
La denuncia fue expuesta públicamente por Enrique Tovar, abogado defensor con 19 años de servicio dentro del instituto, quien informó haber sido separado de su cargo tras presentar inconformidades formales contra la administración. “Defendemos los derechos de quienes no tienen recursos para pagar un abogado. Somos la única puerta de acceso a la justicia para miles de familias michoacanas. Sin embargo, hoy no podemos defender nuestros propios derechos como trabajadores”, expresó. El grupo de defensores subrayó que su posicionamiento no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de visibilizar condiciones que, aseguran, deterioran el servicio público de justicia.
Uno de los principales ejes de la inconformidad es la carga laboral y la situación salarial. Según los datos expuestos por los propios defensores, el Instituto de la Defensoría Pública atiende entre 70 y 80 por ciento de los asuntos que ingresan al Poder Judicial del Estado, lo que implica que cada defensor público asuma siete u ocho de cada diez casos que se ventilan en tribunales. A pesar de este volumen de trabajo, los ingresos no han mostrado avances. En 2015, un defensor público percibía alrededor de 25 mil pesos mensuales; actualmente, el promedio se ubica en 24 mil pesos, lo que representa una disminución en términos reales a lo largo de una década. La homologación salarial prevista desde la reforma penal de 2008, indicaron, no se concretó, aun cuando se sostuvo diálogo con autoridades como el fiscal estatal Carlos Torres Piña.
Los defensores señalaron que, tras hacer pública la problemática salarial en 2023, comenzó una serie de acciones que describen como persecución sistemática. Entre ellas mencionaron la apertura de quejas internas contra trabajadores con trayectoria prolongada, ceses sin procesos de audiencia ni presentación de pruebas, negación de permisos laborales y presiones que derivaron en renuncias. De acuerdo con lo expuesto, al menos seis defensores públicos dejaron el instituto en meses recientes bajo presión directa del director. En su caso, Enrique Tovar afirmó que Felipe Morales Correa asumió funciones de investigador, juez y ejecutor al cancelar su relación laboral sin un procedimiento previo.
Otro punto central de la denuncia es el manejo del presupuesto. Los trabajadores recordaron que en 2022 el instituto recibió un incremento de 10 millones de pesos, recursos que, según señalaron, no se destinaron a mejorar salarios ni condiciones laborales. En su lugar, indicaron, se creó una nómina paralela bajo la figura de “apoyo legal”. Estas personas, aseguraron, realizan funciones propias de la defensa pública sin cumplir con los requisitos profesionales exigidos, y varias de ellas habrían sido incorporadas por recomendación política de la diputada Eréndira Isao. Advirtieron que esta práctica vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos a contar con defensores debidamente capacitados y acreditados.
Para los denunciantes, la situación de la Defensoría Pública de Michoacán trasciende el ámbito interno y tiene implicaciones directas en la seguridad jurídica de la población. Señalaron que la inestabilidad laboral, la sobrecarga de trabajo y la falta de claridad en el uso de recursos públicos impactan en la validez de los procesos penales y en la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Ante este escenario, exigieron transparencia, respeto a los derechos laborales y el cese de prácticas que, afirmaron, han convertido al instituto en un espacio de control político, alejándolo de su función como garante del acceso a la justicia.