El proceso para construir la ley reglamentaria en materia hídrica entró en una fase de definición técnica y política, con un eje claro: ordenar el régimen de concesiones y establecer el acceso al agua como un derecho, no como un bien sujeto a mercado.
Durante el foro “Actualización en los trámites a raíz de la aprobación de la Ley General de Aguas. Acercamiento con CONAGUA”, legisladores, funcionarios y especialistas delinearon los alcances del nuevo marco jurídico que busca armonizar la legislación secundaria con la Ley General de Aguas publicada en diciembre pasado.
El punto de partida fue el reconocimiento de un rezago estructural. La normativa vigente, coincidieron los participantes, resultó insuficiente frente a los conflictos acumulados en torno al acceso, distribución y uso del recurso hídrico.
En ese contexto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fijó una postura que atraviesa la discusión: “es fundamental que el agua se entienda siempre como un derecho y no como una mercancía”. Añadió que el reto legislativo implica “armonizar muchos intereses”, pero con un objetivo central: impedir que el recurso quede sujeto a dinámicas de mercado.
El legislador subrayó que la discusión no es reciente, sino resultado de “décadas de organización y luchas”, por lo que llamó a garantizar que todas las voces sean incorporadas en la reglamentación para evitar una norma desconectada de la realidad operativa.
Desde la mayoría parlamentaria, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz atribuyó la aprobación de la Ley General de Aguas al impulso del Ejecutivo federal y al trabajo legislativo, pero advirtió que el siguiente paso será determinante. Señaló que el nuevo marco requerirá una reglamentación “sólida” que permita traducir la norma en mecanismos aplicables.
En su intervención, introdujo un elemento de confrontación política al señalar que persisten intereses que han concentrado el recurso. “Nunca faltan las voces que sólo velan por los intereses propios… que acaparan el agua tratándola como una simple mercancía”, afirmó. Bajo ese diagnóstico, sostuvo que la legislación debe cerrar espacios a la corrupción y a los abusos.
La diputada Dolores Padierna Luna amplió el enfoque al plantear que el nuevo modelo reglamentario debe integrar al agua como un componente transversal: salud pública, producción alimentaria, desarrollo económico y estabilidad social. En ese sentido, advirtió que la norma debe evitar “vacíos, discrecionalidad y simulaciones jurídicas”, así como conflictos entre autoridades y usuarios.
Desde el ámbito técnico, Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua, confirmó que uno de los ejes será el reordenamiento de concesiones con criterios de justicia social, vinculados a objetivos como la soberanía alimentaria y el desarrollo económico. Insistió en que el derecho humano al agua debe consolidarse en la regulación secundaria.
A su vez, Gloria del Mar Cilia Luna, responsable del área consultiva de la Conagua, detalló que la reglamentación contempla modificaciones de fondo en el esquema de concesiones: derechos preferentes asociados a la propiedad, mecanismos sucesorios, así como reglas para la fusión o cesión de sociedades. También se prevé la creación de un fondo de reserva, cuotas de garantía y programas de regularización.
El proceso legislativo se mantiene abierto a la incorporación de propuestas, pero con una tensión de fondo: equilibrar intereses económicos con el mandato constitucional de garantizar el acceso al agua. La definición de esa ecuación marcará el alcance real de la ley y su capacidad de aplicación en el territorio.