El Senado de la República volvió a colocar en el centro del debate legislativo la controversia por la participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en Chihuahua, luego de que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmara que la Cámara Alta sí tiene facultades para determinar la desaparición de poderes, aunque subrayó que cualquier decisión deberá esperar el resultado de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República.
En conferencia de prensa, Cantón Zetina recordó que el artículo 76 de la Constitución faculta al Senado en materia de desaparición de poderes, pero insistió en que el proceso institucional obliga a esperar la indagatoria federal. “Como nosotros nos regimos por la ley, esperaremos la investigación en curso de la FGR”, señaló, marcando el tono de prudencia jurídica que la mayoría legislativa busca mantener mientras avanza el caso.
El senador retomó además las declaraciones surgidas desde la propia estructura estatal de Chihuahua, al referirse a “la unidad espuria que creó la gobernadora”, cuyos integrantes, dijo, hicieron confesiones sobre la existencia de grabaciones que confirmarían la presencia de cuatro agentes extranjeros en el operativo. Para Cantón Zetina, ese señalamiento constituye una violación directa a la Constitución. A partir de ello sostuvo que la gobernadora María Eugenia Campos “es confesa por sus propios colaboradores”, y añadió que, pese a la gravedad del señalamiento, no ha mostrado disposición a asumir responsabilidades frente a sus gobernados. En su intervención afirmó que los hechos configuran un delito grave, al que calificó como traición a la patria.
La discusión legislativa se amplió con la participación de la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, quien subrayó que la exigencia central es que la mandataria estatal rinda cuentas por la presunta violación a la Constitución y a las leyes. Ramírez cuestionó que Campos Galván haya rechazado presentarse tanto ante el Senado como ante el Congreso local, lo que, dijo, profundiza la necesidad de esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades.
En la misma línea, el diputado morenista Arturo Ávila Anaya sostuvo que la gobernadora y sus colaboradores incurrieron en violaciones severas a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Desde su perspectiva, la narrativa oficial sobre el combate al crimen organizado es insostenible. “Es una falacia que combatan al crimen organizado y tendrán que afrontar las consecuencias de sus delitos”, afirmó, cerrando una intervención que elevó el tono político del intercambio.
La ruta legislativa quedó así marcada por dos ejes: la confirmación de que el Senado posee facultades para actuar en caso de desaparición de poderes y la decisión de esperar el dictamen de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el caso Chihuahua continúa escalando en el debate público, con la presión política concentrada en la gobernadora y en la necesidad de esclarecer la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.