El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, abrió la discusión legislativa sobre la posibilidad de convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones para modificar la fecha de la elección de las personas juzgadoras, actualmente prevista para 2027. El tema, explicó, ha sido planteado por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por legisladoras y legisladores de ambas cámaras, quienes consideran necesario revisar el calendario establecido en la Constitución.
Mier subrayó que el análisis no se limita al cambio de fecha. Señaló que deben evaluarse la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, la logística requerida para organizar un proceso de esa magnitud y los costos asociados. “Todas esas variables se están analizando”, afirmó, al precisar que, de aprobarse, el Periodo Extraordinario tendría que realizarse antes del plazo legal de 90 días, es decir, antes del 8 de junio. Recordó además que el Consejo General del INE iniciará los procesos electorales en la segunda o tercera semana de septiembre, lo que acota aún más los tiempos legislativos.
En paralelo, el coordinador parlamentario abordó la acusación emitida por un fiscal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. Mier sostuvo que desde el gobierno federal y el Senado se exige la presentación de pruebas, pues “nadie puede estar por encima de la ley, no puede haber impunidad, para nadie”. Añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió inconsistencias en el documento enviado desde Estados Unidos y solicitó a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos fehacientes conforme a los convenios internacionales suscritos por México.
El senador también se refirió al caso de Chihuahua, donde reiteró que se configuraron violaciones constitucionales y legales. Afirmó que “se violó la Constitución, se atentó contra la Ley Nacional de Seguridad” y que se permitió la participación de agentes extranjeros en tareas exclusivas del Estado mexicano, lo que, dijo, está tipificado en el Código Penal. “No sólo se atenta contra la soberanía, sino que se considera una traición a la patria y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal”, puntualizó.
La discusión sobre el posible Periodo Extraordinario y las posturas del Senado frente a los señalamientos internacionales se desarrollan en un contexto de alta sensibilidad política, donde los tiempos legislativos, la relación con autoridades extranjeras y la defensa del marco constitucional se entrelazan en la agenda inmediata del Congreso. Como siempre, te recomiendo verificar esta información en fuentes oficiales o institucionales para mayor certeza.