La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraviesa un momento inédito en su historia: bajo la gestión de Rosario Piedra Ibarra ha emitido el mayor número de recomendaciones en 35 años, pero con el nivel más bajo de cumplimiento total desde su creación en 1990. El análisis realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que entre 2020 y 2024 se emitieron 2,031 recomendaciones, de las cuales sólo 16 alcanzaron un cierre pleno, lo que equivale a 0.7% del total. En contraste, dos de cada tres quedaron en modalidades de aceptación parcial o con pruebas insuficientes, mientras que cuatro de cada diez dirigidas a la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional permanecen en estatus de “tiempo de contestación”, sin resolución definitiva.
Durante la presidencia de Piedra Ibarra, la CNDH emitió 1,233 recomendaciones ordinarias y 170 por violaciones graves, cifras que representan un tercio de toda la actividad recomendatoria registrada desde 1990. Este aumento significó un crecimiento de más de 200% respecto a su antecesor inmediato, Luis Raúl González Pérez. En el caso de las recomendaciones por violaciones graves, más de cuatro de cada cinco emitidas desde 2012 corresponden al periodo actual, aunque apenas una de cada 51 alcanzó cumplimiento total.
El contraste histórico es marcado. En la primera presidencia de Jorge Carpizo McGregor (1990–1993), nueve de cada diez recomendaciones llegaban a cierre pleno, mientras que hoy la proporción es de una por cada 127 emitidas. La tendencia descendente se consolidó con las administraciones posteriores y alcanzó su punto más bajo en el periodo actual.
El estudio también muestra que las recomendaciones dirigidas a instituciones militares y de seguridad presentan un patrón de dilación. Entre 2020 y 2024, 41% de las recomendaciones ordinarias enviadas a la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional quedaron en “tiempo de contestación”, lo que en la práctica posterga indefinidamente su resolución. Organizaciones como el Centro ProDH han señalado que, pese a documentarse violaciones graves como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, la CNDH ha evitado pronunciarse sobre hechos recientes de alto impacto público, limitando su intervención frente a las fuerzas federales.
El hallazgo central de la investigación de MCCI es que el incremento en la emisión de recomendaciones no ha fortalecido la capacidad de la CNDH para incidir en la protección de derechos humanos. La institución mantiene un modelo en el que la aceptación parcial sin pruebas suficientes se ha convertido en la salida predominante, mientras que el cumplimiento total es prácticamente inexistente. En un contexto nacional marcado por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, negligencia en el acceso a la salud pública y la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, el estudio plantea interrogantes sobre la distancia entre el mandato de la CNDH y los resultados observables.
La investigación concluye que el aumento en la emisión de recomendaciones no se traduce en cambios verificables ni en avances hacia formas efectivas de cumplimiento, lo que cuestiona la capacidad real de la CNDH para cumplir con su mandato en un momento en que el país enfrenta violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
Por Héctor Sebastián Arcos Robledo / Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

