La diputada federal Paulina Rubio (PAN) colocó en el centro del debate legislativo la solicitud de congelar las cuentas bancarias del gobernador Rubén Rocha Moya y de otros políticos de Morena mencionados en señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos. La legisladora planteó su postura mediante un posicionamiento público difundido este domingo, en el que llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a actuar sin demora.
Rubio sostuvo que, ante la gravedad de las acusaciones, el Estado mexicano debe utilizar todas las atribuciones legales disponibles. “Se debe desmantelar el narco Estado de Morena, y por ello es necesario cortar de tajo sus fuentes de financiamiento”, afirmó. Recordó que, desde la perspectiva de Acción Nacional, el Gobierno federal cuenta con facultades suficientes para intervenir en casos relacionados con delincuencia organizada.
La diputada exigió que el congelamiento de cuentas se realice antes de que transcurra el periodo de 60 días previsto para los procesos de extradición, con el fin de evitar movimientos financieros que, dijo, podrían dificultar el rastreo de recursos. “Que la acción sea inmediata… para evitar que traten de lavar el dinero o esconderlo con familiares no señalados”, expresó. Añadió que, de no hacerlo, existe el riesgo de que los implicados “acomoden el dinero sucio en otras fuentes” y mantengan redes de complicidad.
Rubio extendió su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió no titubear en la toma de decisiones para “desterrar la narcopolítica” que, según su posicionamiento, heredó la administración anterior. La legisladora insistió en que el congelamiento de cuentas debe aplicarse a todos los mencionados en la denuncia estadounidense.
El planteamiento de Rubio se suma a una serie de reacciones legislativas generadas tras la difusión de los señalamientos provenientes de Estados Unidos, que han abierto un nuevo capítulo de confrontación política en torno al combate al crimen organizado y la responsabilidad de actores públicos. El tema continuará en seguimiento en comisiones y en la agenda pública, en espera de una respuesta formal de la UIF y del Gobierno federal.