Por el Ensayista de San Nicolás
Hay triunfos que, por su estruendo, se anuncian como victorias, pero que en su contenido no son otra cosa que derrotas diferidas. La reciente concesión de la suspensión provisional en ambos juicios de amparo ha sido elevada a la categoría de logro institucional, celebrada con premura, difundida con entusiasmo y respaldada por un aparato directivo que ha salido a legitimar, sin matices, una narrativa de éxito. Sin embargo, cuando se disipa el ruido y se observa con rigor, lo que emerge no es una solución, sino la evidencia de una victoria pírrica: una que se obtiene a costa de profundizar el conflicto, desgastar a la comunidad y postergar, una vez más, la resolución de fondo.
Porque no hay triunfo real cuando lo único que se ha conseguido es modificar la forma del conflicto sin tocar su esencia. Tal como ya se advertía ——, la ruta adoptada ha sido la de la judicialización excesiva: convertir un problema que exige negociación en un expediente judicial, sustituir el diálogo por la estrategia procesal y hacer del amparo no un instrumento excepcional, sino el eje de la conducción institucional. Y en ese desplazamiento, la Universidad ha perdido su brújula.
Se dirá que la huelga a puertas abiertas garantiza el derecho a la educación, que permite retomar actividades, que evita mayores afectaciones. Pero esa afirmación, repetida hasta el cansancio, es una verdad a medias que termina siendo una forma de desinformación. Porque lo que se ha construido no es normalidad, sino su simulacro. Las puertas abiertas no significan conflicto resuelto; significan conflicto contenido. Y un conflicto contenido, sin solución de fondo, es un conflicto que se agrava.
Lo verdaderamente preocupante es que esta “victoria” no solo no resuelve, sino que profundiza las fracturas internas. Mientras desde la cúpula se festeja, en el subsuelo institucional se acumulan los agravios. El sector administrativo percibe abandono; diversas secciones sindicales del profesorado leen en esta estrategia una evasión sistemática de responsabilidades; y en el plano más doloroso, el de las familias, persiste la angustia de quienes —viudas de trabajadores universitarios— observan cómo se dilata, sin justificación ética, el cumplimiento de derechos que no admiten demora.
Y frente a ello, la respuesta institucional no ha sido la empatía ni la autocrítica, sino la construcción de una narrativa triunfalista que resulta ofensiva para quienes viven las consecuencias reales del conflicto. Porque no se puede celebrar en la superficie cuando en el fondo hay dolor, incertidumbre y enojo. No se puede hablar de éxito cuando lo que existe es una comunidad fragmentada, tensionada y cada vez más distante de sus autoridades.
El daño no es únicamente laboral o administrativo; es profundamente formativo. Los estudiantes —que deberían encontrar en la Universidad un espacio de certeza, de pensamiento crítico y de dignidad académica— están siendo testigos de una lección equivocada: que los conflictos no se resuelven dialogando, sino litigando; que las diferencias no se procesan construyendo acuerdos, sino imponiendo narrativas; que la institucionalidad puede sostenerse sobre la simulación. Y esa lección, si se consolida, tendrá efectos mucho más duraderos que cualquier suspensión provisional.
Por eso resulta políticamente grave la forma en que se ha gestionado esta coyuntura. No solo por las decisiones adoptadas, sino por la incapacidad de reconocer sus límites. El despliegue de respaldos, felicitaciones y pronunciamientos en favor de la Dra. Yarabí Ávila González no fortalece el liderazgo; lo encapsula. Lo aísla de la crítica y lo aleja de la realidad. Porque un liderazgo que solo escucha aplausos deja de escuchar a su comunidad. Y cuando eso ocurre, la conducción institucional deja de ser legítima para convertirse en una forma de administración del conflicto.
Nadie niega los esfuerzos realizados ni los avances que puedan señalarse. Pero gobernar una universidad no es acumular logros parciales ni administrar percepciones favorables; es asumir la responsabilidad de conducir a una comunidad compleja en momentos de crisis. Y esa responsabilidad exige algo más que litigio, algo más que comunicación estratégica, algo más que control de daños. Exige diálogo, apertura y, sobre todo, la capacidad de reconocer cuando el camino elegido está equivocado.
De ahí que el llamado no pueda ser tibio ni complaciente. Es un llamado urgente a la comunidad universitaria para recuperar el sentido de lo colectivo, para exigir que el conflicto se resuelva en donde debe resolverse: en la mesa de negociación. La Universidad Michoacana no puede seguir transitando por una ruta en la que cada “victoria” jurídica se traduce en una derrota política y en un deterioro institucional más profundo.
Y es también, de manera ineludible, un llamado directo a la Rectora. La Dra. Yarabí Ávila González tiene hoy la responsabilidad histórica de decidir si su gestión será recordada como la que enfrentó la crisis con altura o como la que la profundizó por incapacidad de rectificar. Gobernar no es erigirse en el faro de la Universidad, sino entender que la Universidad es mucho más que quien la encabeza. Implica abandonar el egocentrismo, dejar de lado la confrontación en tribunales y en medios de comunicación, y asumir que el liderazgo se construye escuchando, conciliando y resolviendo, no imponiendo.
Si esta comprensión no se alcanza, entonces el problema deja de ser coyuntural para convertirse en estructural. Y en ese punto, la responsabilidad ética obliga a reconocer que ningún proyecto personal puede estar por encima del interés de la institución. Cuando la conducción no une, sino divide; cuando no resuelve, sino prolonga; cuando no escucha, sino se repliega en su propia narrativa, se vuelve legítimo plantear que, por el bien superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, debe abrirse paso a la posibilidad de que alguien más asuma esa responsabilidad. No como un acto de debilidad, sino como un gesto de auténtica grandeza política.
Porque al final, la historia no recuerda las suspensiones provisionales ni los comunicados de victoria. Recuerda las decisiones que marcaron el destino de las instituciones. Y hoy, lo que está en juego no es un juicio de amparo, sino la integridad misma de la Universidad.
Aún hay tiempo de corregir. Pero ese tiempo no es indefinido. Cada día que se prolonga la simulación, cada día que se celebra lo que no es solución, cada día que se posterga el diálogo, es un día más en el que la “victoria” se convierte, con mayor claridad, en lo que realmente es: una derrota que se decidió no reconocer a tiempo.