Desde Turquía, el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez sostuvo que las desapariciones en México representan una crisis que, según los informes de la ONU, se agravó por intentos del Gobierno de reducir cifras. El legislador del PAN afirmó que este señalamiento evidencia la necesidad de ampliar mecanismos de protección, mejorar la atención a víctimas y evitar prácticas de manipulación estadística desde fiscalías estatales.
Tras el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, el Grupo Parlamentario del PAN consideró positivo que el Estado mexicano reconozca la dimensión del problema. Sánchez recordó que organismos internacionales han ubicado a México entre los países con mayor incidencia de desapariciones forzadas en comparación con América Latina y Europa, lo que obliga a un trabajo conjunto entre Federación, fiscalías, colectivos y organismos internacionales.
El legislador subrayó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 132 mil casos, cifra que el Gobierno atribuye a inconsistencias en registros estatales. Para el PAN, esta postura impide reconocer la magnitud del fenómeno y limita la construcción de políticas públicas efectivas. Sánchez insistió en que las víctimas deben ser el centro de la respuesta institucional, con presupuestos suficientes y acciones dirigidas a jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
En el mismo sentido, la diputada local Claudia Pérez Romero señaló que Amnistía Internacional reportó un incremento de 10.5 por ciento en las desapariciones durante 2025, además de altos índices de tortura. Recordó que un comité de Naciones Unidas solicitó llevar el tema a la Asamblea General por considerar que en México se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno recordó que la elección de integrantes del Poder Judicial implicó la remoción de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil locales, lo que modificó el funcionamiento del sistema de justicia. Señaló que estudios de la UNAM identificaron improvisación y falta de experiencia en parte de quienes resultaron electos, lo que refuerza la necesidad de revisar procesos y criterios.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, advirtió que aplazar decisiones y fortalecer la logística institucional permitiría reconstruir certeza jurídica en un contexto internacional adverso. Señaló que México debe evitar riesgos innecesarios y concentrarse en fortalecer sus instituciones para aprovechar oportunidades económicas.
El PAN reiteró su disposición a reforzar presupuestos, apoyar la creación de más instancias de atención a víctimas y participar en la construcción de políticas públicas que respondan a las familias afectadas, así como en un combate más efectivo contra los grupos criminales.