En el debate legislativo sobre la reforma al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, la diputada federal Eva María Vásquez Hernández, del PAN, respaldó el dictamen que incrementa las sanciones contra quienes dañen ecosistemas, contaminen recursos naturales o trafiquen con especies protegidas. Señaló que México requiere leyes firmes para enfrentar la destrucción ambiental y cerrar espacios a la simulación mediante castigos a quienes falseen reportes para obtener beneficios económicos.
Desde tribuna, la legisladora advirtió que endurecer penas no basta si no existe voluntad política para aplicarlas sin excepciones. Cuestionó el silencio del gobierno ante derrames, fugas y daños ambientales vinculados con Pemex, y planteó que la producción no puede seguir colocándose por encima de la protección ambiental. Subrayó que la ley solo se vuelve respetable cuando se aplica de manera uniforme y no cuando se utiliza con indulgencia para unos y severidad para otros.
Vásquez Hernández también denunció el deterioro ambiental en Baja California, al mencionar la contaminación en playas de Tijuana y Playa Hermosa en Ensenada, así como la depredación de la totoaba en San Felipe, problemática que atribuyó a la delincuencia organizada y a la falta de acción gubernamental. Dirigió un mensaje a las juventudes del país, reconociendo su compromiso con el cuidado del planeta frente a gobiernos que, dijo, permiten daños mayores con impunidad.
La diputada sostuvo que crecimiento económico y protección ambiental no son objetivos contrapuestos, sino condiciones indispensables para un desarrollo moderno y sostenible basado en innovación, energías limpias, supervisión eficaz y reglas claras. Afirmó que la reforma debe marcar el inicio de una nueva cultura de responsabilidad ambiental, en la que no se oculten derrames, no se minimicen riesgos y nadie esté por encima de la ley.
Concluyó que si la reforma pretende ir en serio, debe aplicarse con el mismo rigor para todos, sin excepciones ni privilegios, a fin de recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la protección ambiental sea un compromiso real del Estado mexicano.