Relatoras y expertas independientes en derechos humanos de la ONU exigieron una investigación “completa y transparente” ante las alegaciones de trata sistemática de jóvenes y niñas con fines de explotación sexual contenidas en los Archivos de Epstein, y advirtieron que la respuesta de los Estados ha sido “totalmente inadecuada”, lo que mantiene una cultura de impunidad que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
En un comunicado, Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, junto con las integrantes del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, señaló que los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan “violencia persistente de los sistemas de poder patriarcales” y fallas estructurales en la rendición de cuentas.
Los Archivos de Epstein —que incluyen documentos, fotografías, registros de vuelos y materiales vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein— han generado debates jurídicos y políticos en Washington y otros países debido a las implicaciones que alcanzan a altos cargos políticos, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales y académicos. Las expertas subrayaron que las alegaciones describen una red de trata transnacional operada durante décadas.
Las relatoras expresaron preocupación por la falta de acciones estatales proporcionales a la gravedad del delito. Advirtieron que la “incapacidad para garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad” y compromete obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordaron que la trata con fines de explotación sexual constituye un delito penal grave y una violación directa de derechos fundamentales.
El comunicado enfatiza que las víctimas deben estar en el centro de cualquier respuesta estatal, con acceso a servicios médicos, apoyo psicosocial, medidas de reinserción y mecanismos efectivos de reparación. Las expertas insistieron en que los Estados deben garantizar justicia, transparencia y garantías de no repetición.
Mientras la atención pública sobre el caso disminuye, las relatoras urgieron a los gobiernos a adoptar medidas inmediatas y cumplir con sus obligaciones internacionales. “Los Estados tienen la obligación de actuar, y esta obligación no ha hecho más que retrasarse”, afirmaron.