La guerra iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta de ese país, ha escalado a nivel regional y ya genera efectos en cadenas de suministro globales, con impactos directos en economías insulares del Caribe y el Pacífico, donde gobiernos y organismos internacionales advierten sobre una presión creciente en energía, alimentos y servicios básicos.
El aumento del precio del petróleo, que ha alcanzado los 114.5 dólares por barril, y la interrupción en el suministro de fertilizantes han comenzado a trasladarse a distintos puntos del planeta. En regiones dependientes de importaciones, estos factores ya se traducen en apagones, incremento de costos y riesgo de disrupción agrícola. En este contexto, el conflicto deja de ser un evento geopolítico distante y se convierte en una presión directa sobre economías con alta vulnerabilidad estructural.
En el Caribe, la situación impacta de manera inmediata en los sistemas agroalimentarios. La escasez de fertilizantes compromete la producción local, especialmente entre pequeños agricultores, mientras persiste un aumento acumulado en los precios de los alimentos de entre 55% y 60% desde 2018. La región mantiene el costo de dieta saludable más alto a nivel global, en un contexto agravado por daños recientes derivados de los huracanes Beryl en 2024 y Melissa en 2025.
A este escenario se suma la previsión de un 61% de probabilidad de reaparición del fenómeno de El Niño, lo que incrementa el riesgo de sequía. La combinación de factores —volatilidad energética, presión climática y dependencia alimentaria— configura un entorno en el que, de acuerdo con organismos internacionales, el conflicto podría trasladarse directamente a las condiciones de vida de las familias, particularmente en sectores rurales y zonas urbanas con menor ingreso.
En paralelo, en el Pacífico, gobiernos de países como Fiyi, Tuvalu, Islas Salomón, Marshall y Kiribati han comenzado a implementar medidas para contener el impacto. Entre ellas se encuentran restricciones al consumo de combustible, activación de reservas estratégicas y declaratorias de emergencia. Tuvalu declaró estado de emergencia el 14 de abril, mientras que las Islas Marshall establecieron una emergencia económica por 90 días. Las Islas Salomón reportaron reservas de combustible limitadas a un periodo de entre 40 y 50 días.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la funcionaria Tuya Altangerel señaló: “Estamos al final de la cadena de suministro. Esta crisis energética está afectando realmente a nuestras comunidades”. La declaración sintetiza el problema estructural: la dependencia de importaciones y la distancia geográfica amplifican cualquier alteración en los mercados globales.
El estrecho de Ormuz, que ha permanecido prácticamente bloqueado durante el último mes, se ha convertido en un punto crítico. Por esta vía transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas por vía marítima, por lo que su interrupción ha elevado los costos de transporte y flete, afectando directamente a los mercados del Asia-Pacífico, de donde dependen estas economías insulares.
En el Pacífico, la vulnerabilidad energética es estructural. El transporte consume cerca del 70% del combustible importado y, en países como Tuvalu, más del 90% de la energía proviene del gasóleo. Este escenario ha comenzado a reflejarse en interrupciones del servicio eléctrico. “Las comunidades ya están sufriendo apagones diarios”, advirtió Altangerel, quien también confirmó afectaciones en zonas de Fiyi.
Los efectos no se limitan al suministro energético. El incremento en costos de transporte y combustibles presiona toda la cadena de abastecimiento, desde alimentos hasta servicios básicos. A esto se suman factores climáticos persistentes, como ciclones recientes en Fiyi y las Islas Salomón, así como el impacto del aumento del nivel del mar en países como Kiribati.
Organismos internacionales advierten que, de mantenerse la tendencia al alza en los precios durante los próximos meses, el impacto podría escalar a una crisis de asequibilidad y acceso a servicios esenciales. “La prueba más dura puede estar aún por llegar”, señaló la funcionaria del PNUD, al referirse a la posibilidad de que el encarecimiento continúe en mayo y en los meses posteriores.
El escenario plantea una presión simultánea sobre energía, alimentos y estabilidad económica en regiones con limitada capacidad de respuesta. Sin coordinación internacional y medidas de contención, la guerra que comenzó en un punto estratégico del comercio global avanza hacia su expresión más directa: el acceso a la electricidad y a los alimentos en comunidades ubicadas a miles de kilómetros del conflicto.