La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para discutir tres proyectos que podrían modificar de manera sustancial el alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera, al permitir el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial previa. De acuerdo con reportes del portal El CEO y del periodista Gerardo Farell, la resolución implicaría abandonar el criterio establecido en 2018, cuando la Corte determinó que la UIF solo podía bloquear cuentas con autorización judicial o a petición de autoridades extranjeras.
Los proyectos, dos elaborados por la ministra Lenia Batres Guadarrama y uno por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, buscan validar las reformas aprobadas en 2022 al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. La propuesta de Ortiz Ahlf, aplazada en diversas ocasiones desde 2023, responde a una impugnación presentada por senadores de oposición, quienes argumentan que el bloqueo sin orden judicial vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y las facultades del Ministerio Público.
Ortiz Ahlf plantea declarar infundados esos argumentos al considerar que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar administrativa destinada a proteger la integridad del sistema financiero. Sostiene que la legislación vigente garantiza el derecho de audiencia mediante procedimientos y plazos establecidos. El abogado Luis Pérez de Acha señaló que el proyecto se apoya en estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero advirtió que el nuevo criterio permitiría bloqueos sin previo aviso y obligaría a replantear las estrategias de defensa. “Se anula el argumento de que el bloqueo sin orden judicial es inconstitucional; ahora deberá impugnarse la arbitrariedad en cada caso concreto”, afirmó.
En paralelo, los proyectos de Batres Guadarrama también buscan eliminar el criterio vigente. Uno de los casos analizados involucra a la empresa Fresh Packing Corp, con sede en California, cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF debido a que su director comparte nombre con un familiar de Ismael Zambada. La compañía sostiene que se trata de un homónimo sin relación con actividades ilícitas.
Tanto Ortiz Ahlf como Batres Guadarrama proponen dejar atrás el criterio impulsado en su momento por el ministro Eduardo Medina Mora, al considerar que limita las políticas públicas de combate al lavado de dinero y al uso de empresas factureras. De aprobarse los proyectos, la Corte consolidaría un nuevo estándar que ampliaría las facultades de la UIF y modificaría el marco de actuación en materia financiera y de control de operaciones sospechosas.