En una sesión marcada por señalamientos directos y reclamos de transparencia, el Grupo Parlamentario del PAN elevó la discusión legislativa al denunciar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z no fue un accidente fortuito, sino una tragedia anunciada por años de advertencias ignoradas, fallas estructurales y decisiones administrativas que, aseguran, comprometen la responsabilidad del Estado. La bancada exigió un peritaje externo, autónomo e internacional, al considerar que el informe presentado por la Fiscalía General de la República es insuficiente y orientado a una exoneración anticipada.
Desde tribuna, Acción Nacional acusó al gobierno federal de intentar cerrar el caso responsabilizando únicamente al operador del tren, mientras deja fuera auditorías realizadas desde 2019 que documentaban uso de materiales de baja calidad, supervisión deficiente y riesgos operativos que no fueron atendidos. El coordinador del GPPAN, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que el informe confirma un patrón de impunidad institucional. Afirmó que cuando existen advertencias técnicas y auditorías ignoradas, no se trata de un error humano aislado, sino de negligencia institucional que debe investigarse hasta alcanzar a los responsables políticos y administrativos.
La diputada Diana Gutiérrez reforzó la crítica al señalar que el informe de la Fiscalía omite elementos clave y se limita a señalar al eslabón más débil, dejando fuera a quienes autorizaron y supervisaron la obra. Consideró que esta postura rompe con estándares mínimos de justicia y coloca a las víctimas en indefensión. En la misma línea, el diputado Héctor Saúl Téllez cuestionó que la investigación permanezca en manos de instancias con posibles conflictos de interés y exigió un peritaje independiente que no involucre a quienes participaron en la aprobación y ejecución del proyecto. Señaló que aún no se sabe si han comparecido altos mandos de la Marina, la dirección del Tren Interoceánico o el supervisor honorífico designado en su momento.
El legislador Federico Döring acusó a la Fiscalía de actuar como defensora de oficio de decisiones que derivaron en una tragedia. Comparó el manejo del caso con estándares internacionales, citando ejemplos como España, donde las investigaciones ferroviarias se realizan con rigor, se sanciona a los responsables y se garantiza la reparación del daño. Afirmó que en México se protege al poder mientras se abandona a las víctimas.
El PAN demandó además la suspensión temporal de operaciones en la Línea Z, la incorporación obligatoria de las auditorías de la ASF a la indagatoria, la publicación íntegra de los dictámenes periciales y la certificación internacional de seguridad antes de cualquier reanudación del servicio. La bancada reiteró su solidaridad con las familias afectadas y advirtió que la justicia no puede subordinarse a intereses políticos ni a proyectos emblemáticos del gobierno. Sostuvo que la tragedia del Tren Interoceánico no puede resolverse con informes parciales ni culpables convenientes, sino con verdad, responsabilidades penales y garantías reales de no repetición.