En sesión legislativa, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una propuesta para que cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar sin autorización bases de datos poblacionales estratégicas sea considerado una amenaza a la seguridad nacional, con sanciones que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. La iniciativa busca actualizar el marco jurídico frente al incremento de riesgos cibernéticos que comprometen información bajo resguardo del Estado.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo expuso que la propuesta implica modificar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal. El objetivo es tipificar como delitos contra la seguridad nacional todas las acciones no autorizadas que afecten bases de datos que concentran información de la población.
Durante su intervención, el legislador señaló que en la era digital la fortaleza de un país no se mide únicamente por su territorio o fronteras físicas, sino por la integridad de sus sistemas informáticos. Afirmó que bases de datos como el padrón electoral, los registros del IMSS y del ISSSTE, así como otros sistemas poblacionales, constituyen la estructura informativa que sostiene la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana.
Delgado Carrillo advirtió que los ataques cibernéticos, accesos indebidos y filtraciones de datos personales representan amenazas reales para millones de personas. Cuando una base de datos es vulnerada, dijo, no solo se compromete un sistema administrativo, sino que se expone a la población a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad, además de afectar la credibilidad de las instituciones y poner en riesgo servicios públicos esenciales.
La propuesta contempla sanciones de cinco a 15 años de prisión y multas de quinientos a mil días para quienes modifiquen, dañen, borren o inutilicen información o interrumpan el funcionamiento de una base de datos. También prevé penas de hasta diez años para quienes descarguen o copien información sin causar daños, y hasta 12 años para quienes comercialicen o difundan datos. En caso de servidores públicos, las sanciones aumentarían hasta en una mitad e incluirían destitución e inhabilitación por cinco años.
El diputado subrayó que la protección de bases de datos estratégicas debe asumirse como un asunto de seguridad nacional y no solo como un desafío técnico, al equipararlas con infraestructuras críticas como redes eléctricas o vías de comunicación. Añadió que garantizar su integridad es una responsabilidad del Estado para salvaguardar derechos y preservar la estabilidad institucional.