El gobierno de Estados Unidos informó que tomó bajo custodia a 37 fugitivos de nacionalidad mexicana para que enfrenten procesos penales federales por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas y cargos asociados al llamado narcoterrorismo. La transferencia se realizó desde México y constituye el mayor traslado de este tipo bajo la Ley de Seguridad Nacional mexicana.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los detenidos enfrentan acusaciones en distintos distritos federales por su presunta participación en redes criminales vinculadas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, algunas de ellas designadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Las autoridades estadounidenses señalaron que los cargos incluyen conspiración para traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína, así como delitos financieros y de apoyo logístico a estas estructuras criminales.
La fiscal general Pamela Bondi afirmó que los 37 fugitivos enfrentarán la justicia en territorio estadounidense por delitos cometidos contra la población de ese país. En el mismo sentido, el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que la operación refleja la cooperación binacional y el alcance de las investigaciones transnacionales para llevar ante los tribunales a personas buscadas por delitos federales, sin importar el país en el que se encuentren.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) destacó que se trata de la tercera ocasión en que México aplica su marco legal para realizar una expulsión de este tipo y subrayó que el traslado supera en número a los efectuados en febrero y agosto de 2025. Las autoridades estadounidenses reconocieron el apoyo del gobierno mexicano en la ejecución de la operación y señalaron que las investigaciones continúan abiertas en diversos distritos judiciales.
Entre los trasladados se encuentran personas acusadas de coordinar redes de producción y tráfico de fentanilo, de operar esquemas de lavado de dinero mediante criptomonedas y de encabezar estructuras regionales de distribución de drogas hacia Estados Unidos. Algunos de los imputados enfrentan penas máximas que alcanzan la cadena perpetua, de acuerdo con las acusaciones presentadas ante los tribunales federales.
El Departamento de Justicia precisó que las acusaciones formales constituyen señalamientos y que todos los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que se determine su responsabilidad penal mediante sentencia firme. Los casos serán procesados en distintos distritos federales, donde jueces estadounidenses definirán las sanciones conforme a la legislación vigente y a las directrices federales de sentencia.