En una mañana de balances y definiciones políticas en San Lázaro, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, delineó ante los medios la ruta, las tensiones y los desafíos institucionales que marcaron el primer periodo de sesiones del segundo año legislativo, así como los debates que anticipan una reforma electoral que perfila ser el tema central de 2026.
En un inicio, la presidenta expresó agradecimiento directo a los medios de comunicación por acompañar las sesiones que, recordó, han llegado a extenderse más de 24 horas. Afirmó que la libertad y autonomía de la prensa son indispensables para que la ciudadanía conozca el trabajo legislativo y garantizó respeto absoluto a su labor desde la Presidencia de la Cámara.
López Rabadán presentó un balance detallado del periodo: 44 sesiones, cerca de 200 horas de Pleno, mil 71 iniciativas turnadas a comisiones, 34 minutas recibidas del Senado, 358 proposiciones con punto de acuerdo, 30 dictámenes aprobados, 55 decretos, siete nuevas leyes, dos reformas constitucionales y 46 reformas a leyes vigentes. Subrayó que, pese a las diferencias entre bloques parlamentarios, hubo consenso para aprobar la Ley de Extorsión, al señalar que este delito es uno de los que más impacto tiene en la ciudadanía.
Recordó también la sesión maratónica de 24 horas con 50 minutos celebrada la semana pasada, a la que calificó como un ejercicio que retrata la coexistencia de dos visiones de país, pero también la relevancia del Parlamento como espacio de debate firme y respetuoso.
Interrogada sobre las declaraciones de María Corina Machado y la advertencia de una crisis institucional en Venezuela, López Rabadán afirmó que se trata de un tema global y llamó a reflexionar sobre la necesidad de proteger las instituciones mexicanas. Reconoció la valentía de Machado, a quien llamó un referente por su defensa de libertades, y sostuvo que la experiencia venezolana debe servir para fortalecer la institucionalidad en México. “Las mexicanas y los mexicanos merecemos instituciones democráticas… y que el voto emitido sea respetado”, expresó.
Sobre el traslado de Machado a Oslo, la diputada señaló que quien haya contribuido a ello actuó en favor de la defensa democrática y reiteró que México debe aprender de los riesgos que enfrentan otros países para evitar retrocesos institucionales.
En torno a la reforma electoral que se prevé para 2026, y que podría presentarse el 5 de febrero, López Rabadán reiteró que esperará a conocer la iniciativa del Ejecutivo antes de fijar postura, pero insistió en que el objetivo debe ser fortalecer, no debilitar, a los organismos electorales. Sobre la posible eliminación de los OPLES o cambios a la representación proporcional, señaló que cualquier modificación debe garantizar que el voto sea bien contado, bien resguardado y representado de manera plural.
Respecto a la designación de nuevos consejeros del INE, anticipó que la autonomía, independencia, ética y conocimiento técnico deben ser prioritarios, pues los ciudadanos merecen autoridades electorales profesionales y confiables.
Cuestionada sobre el ambiente de confrontación en el Pleno, reconoció que el país está dividido prácticamente en dos mitades —54 por ciento para el gobierno y 46 por ciento para la oposición— y que esa realidad debe reflejarse en la representación legislativa. Añadió que cualquier reforma que debilite esa pluralidad significaría un retroceso.
Sobre las expresiones y comportamientos entre legisladores, especialmente en casos de violencia de género, la presidenta señaló que cada diputado es responsable de su conducta y recomendó respeto absoluto y capacitación obligatoria para avanzar en procesos de deconstrucción que permitan relaciones dignas dentro del recinto.
A lo largo del encuentro con la prensa, López Rabadán defendió la importancia de dignificar la política y ejercer la Presidencia de la Cámara con legalidad e institucionalidad. Insistió en que las decisiones que se tomen en el Congreso pueden impactar a varias generaciones y que, en ese contexto, proteger las instituciones y los derechos ciudadanos debe ser la prioridad legislativa para 2026.