Una investigación realizada por el periodista Eduardo Buendía para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, por presunto peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de Campeche.
La solicitud, ingresada el pasado 23 de julio, se sustenta en cuatro carpetas de investigación que ya fueron judicializadas y documentan presuntos desvíos por 83.5 millones de pesos. En las mismas indagatorias, figuran 17 personas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios del gabinete estatal; dos de ellas accedieron a criterios de oportunidad para colaborar con las autoridades.
La investigación de MCCI revela que el presunto esquema de desvío incluía pagos por servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, mediante prestanombres, y que la Fiscalía identificó pagos por 27.2 millones de pesos a personas ajenas a los contratos. De acuerdo con las declaraciones recopiladas, los supuestos beneficiarios desconocían haber participado en las facturaciones.
Asimismo, la organización accedió a información relacionada con convenios otorgados a una empresa originalmente dedicada al buceo y turismo, que luego cambió su giro social para brindar asesoría fiscal a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam). El monto señalado por este caso asciende a 23.8 millones de pesos. Al momento de los contratos, Moreno Cárdenas presidía la Junta de Gobierno de la Apicam.
Otra línea de investigación apunta a pagos efectuados desde la oficina de Comunicación Social del gobierno estatal a una televisora local por más de 14 millones de pesos, sin respaldo documental de los servicios realizados. Esta operación también involucra a exfuncionarios ya vinculados a proceso, entre ellos el titular del área de comunicación y el empresario al frente de la televisora.
MCCI también refiere que parte de los recursos federales transferidos al estado fueron utilizados para adquirir predios y construir espacios comerciales en beneficio de particulares, pese a que la finalidad del proyecto era social. El predio para la llamada Plaza Colosio fue comprado a un empresario identificado como cercano al entonces gobernador, lo que dio pie a una nueva indagatoria.
Esta solicitud de desafuero representa el siguiente paso para que la Cámara baja determine si Alejandro Moreno puede ser juzgado sin la protección constitucional del fuero, en atención a los señalamientos documentados por autoridades estatales y en el marco de la investigación periodística de MCCI.