Con más de 2,800 elementos desplegados y acciones simultáneas en 14 municipios del Estado de México, el gobierno federal puso en marcha el «Operativo Liberación», una ofensiva sin precedentes contra grupos criminales dedicados a la extorsión. Esta operación, articulada dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, busca desmantelar las estructuras delictivas que, por años, han paralizado la economía local bajo amenaza y violencia.
Desde el anuncio de la estrategia nacional el 6 de julio, las operaciones se han intensificado en los ocho estados con mayor incidencia de extorsión: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. El epicentro de la última intervención fue el sur mexiquense, donde la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), liderada por José Luis Cervantes Martínez, dirigió el despliegue de 63 células operativas, 2,866 elementos y cateos en 52 establecimientos, logrando la detención de 48 personas —incluidas las de esta jornada— por delitos de extorsión, secuestro y contra la salud.
El operativo se concentró en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Según García Harfuch, se trata de “la operación más grande contra la extorsión realizada en el país”, con acciones articuladas por el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la FGEM y corporaciones estatales. El fiscal Cervantes Martínez precisó que el lunes 21 de julio se inició la intervención directa para desarticular prácticas que afectaban a un millón de personas en la región.
Las prácticas denunciadas exhiben la crueldad de los esquemas extorsivos: comerciantes y pobladores eran obligados a adquirir materiales de construcción —vidrio, madera, insumos— con incrementos de hasta 122% y productos básicos como carne de res con sobreprecios de 47%, bajo amenazas de secuestro y homicidio. El grupo criminal operaba con respaldo de un presunto sindicato de transportistas conocido como “Bradosva”, utilizando mecanismos de intimidación para imponer su dominio económico.
Entre los detenidos figura Bernardo Alejandro N, capturado en Quintana Roo por vínculos con una célula criminal originaria de Michoacán. También fue aprehendida Yareli N, quien fungía como regidora y formaba parte de la misma organización. El decomiso incluyó 128 unidades vehiculares vinculadas al sector construcción, así como animales de granja y caballos usados como fachada de actividad lícita.
La extorsión es uno de los delitos con mayor impacto social y económico en México. Esta operación representa una respuesta integral frente a redes criminales que han migrado de la violencia directa al control económico, estrangulando a las comunidades más vulnerables. El sur del Estado de México ha sido históricamente afectado por estas prácticas, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura empresarial es frágil y las víctimas tienen escasas opciones de defensa.
La participación del gobierno federal y la coordinación entre niveles institucionales marcan un precedente de acción articulada, en un momento en que la exigencia ciudadana por seguridad y justicia es cada vez más urgente.
El «Operativo Liberación» busca más que detenciones: pretende restaurar el tejido comunitario dañado por años de miedo y coerción. Aunque los resultados iniciales son contundentes, los retos permanecen. Las autoridades han subrayado que la estrategia continuará con vigilancia permanente, atención a las víctimas y fortalecimiento de la denuncia ciudadana. En palabras de Omar García Harfuch, “la extorsión no será tolerada, y cada célula criminal será desmantelada con firmeza y legalidad”. Una promesa que, en municipios golpeados por el crimen, se recibe como una esperanza largamente aplazada.