La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, que contempla una asignación de 5,922.9 millones de pesos, representando una reducción real del 1.4% respecto al presupuesto aprobado en 2024. Este proyecto será remitido al Ejecutivo Federal antes del 5 de noviembre para su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A pesar de los ajustes presupuestales, la SCJN mantiene su compromiso con la racionalidad y austeridad, asegurando que el gasto cubra las necesidades de sus funciones operativas y jurisdiccionales. De acuerdo con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, esta disminución se logra mediante un exhaustivo proceso de planeación y priorización de recursos, en línea con las políticas de austeridad que el tribunal ha adoptado desde 2023.
El presupuesto aprobado destinará 81% de los recursos al rubro de servicios personales, equivalente a 4,813.2 millones de pesos, con una disminución real del 4.1% respecto al año anterior. Esta asignación asegura el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, protegiendo los derechos laborales de los servidores públicos y garantizando que dos terceras partes de las plazas se concentren en funciones jurisdiccionales. Para lograr este equilibrio, las remuneraciones de ministros y altos mandos serán ajustadas a la baja, en cumplimiento con el Decreto de reforma al Poder Judicial.
La SCJN, que sufrió en 2024 uno de los recortes más significativos de la última década (321.9 millones de pesos), continúa ampliando sus servicios y optimizando su capacidad operativa. En los últimos cinco años, ha ejercido en promedio el 99% del presupuesto asignado, demostrando un control del gasto enfocado en la eficiencia y en la mejora de sus funciones de impartición de justicia.
Con esta propuesta de presupuesto, la Suprema Corte reafirma su compromiso de cumplir con su misión constitucional de manera eficaz y austera, anteponiendo el fortalecimiento de los servicios judiciales a través de una administración responsable de los recursos públicos.
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