La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un fallo relevante respecto a la penalización de robos cometidos con violencia en el transporte público. Este pronunciamiento surge tras la revisión de un caso de amparo presentado por un individuo condenado por robo agravado en un autobús de pasajeros en el Estado de México.
El individuo, armado con una navaja y empleando un lenguaje intimidante, exigió a los pasajeros de un autobús entregar sus pertenencias, resultando en su arresto y posterior condena a 26 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, la pena fue reducida en apelación.
La persona condenada impugnó la constitucionalidad de las disposiciones legales que agravan las penas para robos cometidos en transporte público y con violencia, argumentando ambigüedad y doble penalización. A pesar de sus reclamos, la Corte negó el amparo, reafirmando que las agravantes no implican una doble penalización, sino la aplicación de sanciones adicionales en casos que afectan a las víctimas más allá del daño material.
La Sala destacó que la normativa en cuestión no es ambigua y cumple con el principio de exacta aplicación de la ley penal. Define claramente la violencia moral como cualquier forma de intimidación destinada a anular la resistencia de la víctima y consumar el robo. Además, establece de manera comprensible qué se entiende por transporte público de pasajeros.
En conclusión, la Primera Sala confirmó la sentencia impugnada, respaldando la validez de aumentar las penas para los robos con violencia en el transporte público, en consonancia con la protección de las víctimas y la seguridad social.
La decisión fue tomada por unanimidad en sesión del 10 de abril de 2024, con la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat como ponente. (Amparo directo en revisión 6123/2023).