El debate legislativo sobre la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas entró en una fase decisiva. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, anunció que las comisiones dictaminadoras sesionarán el próximo martes para analizar el proyecto y, de alcanzarse los acuerdos necesarios, podría presentarse ese mismo día en primera lectura ante el Pleno del Senado.
Mier Velazco subrayó que la propuesta es resultado de un proceso prolongado de trabajo técnico y político, que incluyó reuniones con especialistas, académicos, empleadores y trabajadores. Recordó que, al igual que ocurrió con la reforma en materia de subcontratación, el objetivo ha sido conciliar intereses sin afectar derechos adquiridos ni retroceder en las conquistas laborales alcanzadas durante los últimos años.
El legislador destacó que la reforma busca garantizar que la reducción de la jornada no afecte a la planta productiva del país, integrada por más de 23 millones de trabajadores afiliados al IMSS, de los cuales la mitad ya labora bajo un esquema de 40 horas semanales. Tras una reunión con el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, Mier aseguró que el proyecto cuenta con el consenso de los organismos del Consejo Coordinador Empresarial y que beneficiará directamente a 13.5 millones de personas trabajadoras.
El senador llamó a la oposición a reconocer los alcances de la iniciativa, al señalar que la legislación laboral no ha sido modificada en este rubro desde 1974. Consideró que avanzar en la reducción de la jornada representa un paso significativo para mejorar las condiciones laborales en un país con una estructura productiva diversa, donde conviven sectores con dinámicas muy distintas, desde el comercio hasta la industria marítima y el turismo.
Mier Velazco explicó que la implementación será gradual y flexible, con participación directa de las organizaciones de trabajadores para adecuar la reforma a las características de cada empresa. Advirtió que fijar de manera rígida dos días de descanso podría beneficiar solo a ciertos sectores, por lo que el diseño final debe garantizar que el cambio llegue a los más de 13 millones de trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 constitucional.
El Senado se prepara así para una discusión que podría marcar un cambio estructural en la vida laboral del país, con una reforma que busca equilibrar productividad, derechos y bienestar en un entorno económico heterogéneo.