La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el próximo 4 de febrero un amparo promovido por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en el que se cuestiona la reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) aprobada en 2021 y su impacto en los derechos de las víctimas del delito. El caso, listado para discusión en el Pleno, podría definir si la legislación vigente redujo de manera inconstitucional facultades y mecanismos de participación previamente reconocidos.
El amparo impugna la ley publicada en mayo de 2021, que sustituyó a la Ley Orgánica de 2018 y modificó diversos derechos de las víctimas, entre ellos la posibilidad de participar en las investigaciones, el acceso irrestricto a las carpetas, la facultad de solicitar atracción de casos del fuero local y la emisión de medidas de protección por parte de la FGR. La reforma también eliminó obligaciones de coordinación con mecanismos nacionales como el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Mecanismo de Apoyo Exterior.
MUCD promovió el recurso en junio de 2021 como parte del colectivo La Justicia que Queremos, argumentando que los cambios representan una medida regresiva contraria al principio de progresividad de los derechos humanos y afectan directamente a víctimas y organizaciones que las acompañan. Tras un proceso judicial prolongado, un Tribunal Colegiado reconoció el interés legítimo de MUCD y ordenó que el asunto fuera revisado por la Suprema Corte.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Hugo Aguilar Morales, propone sobreseer el juicio al considerar que los artículos impugnados son disposiciones “orgánico‑competenciales”, es decir, relativas a la estructura interna de la FGR y no generadoras de derechos exigibles. Esta interpretación, según MUCD, evita analizar el impacto real de la reforma en el acceso a la justicia y reduce el debate a un aspecto formal.
De aprobarse el sobreseimiento, la Corte no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la reducción de derechos previamente reconocidos, dejando sin resolver si una ley puede limitar mecanismos de participación, control y coadyuvancia que antes estaban garantizados para las víctimas.
MUCD llamó a la SCJN a no cerrar el caso y a emitir un análisis de fondo que permita determinar si la reforma vulneró derechos adquiridos. La organización sostuvo que el acceso a la justicia constitucional no debe restringirse y que la decisión tendrá implicaciones directas para miles de personas que buscan verdad y reparación.
El asunto será discutido en sesión pública, en un contexto en el que organizaciones civiles han insistido en que cualquier modificación legal debe fortalecer, y no debilitar, los derechos de las víctimas.