Organizaciones civiles expresaron preocupación ante la inminente aprobación en el Congreso de un paquete de reformas legales que formaliza la transformación de la Guardia Nacional (GN) en una cuarta fuerza armada del país. Las modificaciones, enviadas por el Ejecutivo Federal, buscan armonizar al menos nueve leyes con la reforma constitucional de 2024, pero han sido señaladas por omitir regulaciones clave sobre el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
De acuerdo con el análisis de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), las reformas eliminan el carácter civil de la GN al establecer que sus integrantes deberán provenir exclusivamente del Ejército o la Fuerza Aérea, con formación militar como requisito principal. Esto implica que los elementos de la corporación estarán sujetos a un régimen castrense en aspectos como reclutamiento, disciplina, prestaciones y jerarquías.
Además, el dictamen aprobado en lo general por la Cámara de Diputados amplía las facultades operativas de la GN, incluyendo la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas, realizar operaciones encubiertas y utilizar identidades simuladas en investigaciones relacionadas con delitos como el robo de hidrocarburos. Estas atribuciones, tradicionalmente reservadas a autoridades civiles, han sido cuestionadas por organizaciones que advierten sobre el impacto en los derechos fundamentales.
El documento también otorga nuevas competencias a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en materia de inteligencia, como el procesamiento de información de seguridad nacional y la coordinación de acciones inmediatas para preservar la integridad del Estado. Estas disposiciones no estaban contempladas originalmente en el paquete de reformas centrado en la Guardia Nacional.
MUCD señaló que el Congreso no ha cumplido con la obligación constitucional de emitir una legislación específica para regular el uso de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, como lo establece la reforma de septiembre de 2024. El plazo para esta legislación venció en marzo de 2025.
La organización recordó que ha documentado, junto con víctimas y especialistas, los efectos de la militarización en la seguridad pública, incluyendo violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. También advirtió sobre el debilitamiento del gobierno civil y del Estado de derecho ante la expansión de funciones militares en distintas áreas de la administración pública.
Ante este panorama, MUCD hizo un llamado al Poder Legislativo a revisar el contenido del dictamen, establecer controles efectivos sobre la intervención militar en seguridad pública y abrir espacios de diálogo para fortalecer un modelo de seguridad con enfoque civil.